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Ciudad de México, 27 de octubre de 2024.- Los cimientos del “segundo piso” de la 4T son la autocracia, el autoritarismo y la destrucción de los principios democráticos y la división de poderes, así como la anulación de los derechos humanos, y la cooptación y/o destrucción de la oposición. Aún no concluye el primer mes de la presidentA Claudia Sheinbaum y su gobierno resiente las presiones económicas en la construcción del presupuesto para el próximo año por los compromisos heredados por su antecesor, los cuales la empujan a optar por un mayor endeudamiento. En materia legislativa mantienen su administración sumida en una crisis constitucional al intentar a cualquier costo someter al Poder Judicial a los intereses políticos de Morena, mientras en varias entidades del país, al romperse los pactos con las organizaciones criminales antes de concluir el gobierno del macuspano, se detonó la guerra narca por el control de entidades federativas enteras y el trasiego en aduanas, puertos y fronteras, y la producción de drogas en diversas regiones, destinada mayoritariamente a Estados Unidos.

Ante el escenario de un marginal crecimiento del PIB y la recaudación, la deuda externa experimentará un incremento para colocarse en una cifra cercana a los 230 mil millones de dólares en 2025. Una reducción del déficit fiscal al 3.5% del PIB está descartada ante un ejercicio de gasto que se proyecta para el siguiente año en más de 9 billones de pesos, a fin de cumplir los compromisos asumidos por el mandato de AMLO. Para ese efecto, en las reuniones de otoño que sostienen esta semana en Washington los directivos e integrantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, busca negociar con el FMI la continuidad de la línea de Crédito Flexible para México por 35 mil millones de dólares, a fin de enfrentar una previsible crisis financiera. También pesa sobre nuestro país la sombra del resultado de la elección presidencial en EU, con un triunfo de Donald Trump o una victoria de Kamala Harris, por la revisión profunda del T-MEC.

La economía de México se ralentizó, como advierten organismos internacionales como el FMI y grupos bancarios internacionales como BBVA. El FMI pronosticó esta semana un crecimiento de 1.5% para 2024, siete décimas por debajo del 2.2% que calculaban en sus previsiones del mes de julio pasado. En su informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO, por sus iniciales en inglés) también reducen, en este caso en tres décimas, el crecimiento previsto para el PIB de México en 2025, hasta situarlo en 1.3 por ciento. La semana pasada, el FMI emitió el reporte preliminar tras concluir con una misión en nuestro país como parte del artículo IV del organismo para monitorear la situación de los países que califican para préstamos.

“Los riesgos para el crecimiento están sesgados a la baja mientras que los de la inflación al alza. Un crecimiento más débil de los esperado en Estados Unidos, un incremento de la aversión global al riesgo y efectos imprevistos de las reformas institucionales (de México) podrían pesar en el resultado”, detalló y recomendó al gobierno de CS una estrategia fiscal a medio plazo para reducir el déficit y la deuda, incrementar los ingresos tributarios y crear espacio fiscal para inversiones en capital humano y físico. También sugirió aprovechar el fenómeno de la relocalización de cadenas de valor o “nearshoring”. Sin embargo, alertó de que las recientes reformas judiciales, que instauran la elección popular de jueces y la Suprema Corte a partir de 2025, crean “importantes incertidumbres sobre la efectividad del cumplimiento de contratos y la predictibilidad del Estado de derecho”.

AGUDIZAN CRISIS CONSTITUCIONAL

Los grupos legislativos de Morena en el Senado de la República y la Cámara de Diputados siguen trabajando a marchas forzadas para someter al Poder Judicial y poner el aparato de administración y procuración de justicia del país a las órdenes de los intereses de su partido, Morena, dinamitando la separación y el equilibrio de poderes. En la cámara alta avanzó la reforma denominada “en materia de inimpugnabilidad de reformas constitucionales”, la cual busca hacer inatacable tanto el proceso legislativo como cualquier otra reforma, y pretende proteger cualquier error, tontería o barbaridad propuesta y avalada por sus legisladores. Pretenden amarrarle las manos al máximo tribunal violando los principios fundamentales de la Constitución que dan base al Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

En un golpe a la SCJN para continuar con la reforma al Poder Judicial, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado analizaron el miércoles pasado la propuesta de reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución y con 24 votos a favor y 10 en contra, el dictamen fue aprobado y enviado al Pleno, en donde también fue aprobado en una sesión caótica del jueves al viernes, y en la madrugada donde prevaleció el grito “No a la dictadura” a través de megáfonos, sin embargo en tan sólo 15 minuto por fast track también fue avalada, con lo que en el artículo 105 constitucional se establece que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas esta Constitución”. Y en el 107, que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”. En el régimen transitorio establece: “los asuntos que se encuentran en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto”. El dictamen fue de inmediato enviado a la Cámara de Diputados.

Con esta reforma de supremacía constitucional, ninguna autoridad, por referirse a jueces, tendrá potestades para declarar inconstitucionalidad. La reforma de marras, viola el principio consagrado como irretroactividad de la ley, estipulado en el artículo 14 y en instrumentos convencionales, pues impulsan quede sin materia todas las impugnaciones en contra de la reforma constitucional. Incluso, si en el futuro inmediato se modifica la Constitución para permitir la reelección presidencial, tal reforma no podría ser atacada ni legal ni constitucionalmente por un amparo, una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad. La única opción que tiene la nación es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eche para atrás la regresiva reforma al Poder Judicial ordenada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La Carta Magna indica, antes de la reforma, en el artículo 105, que la SCJN, en los términos que señala la ley, puede emitir resoluciones respecto a violaciones constitucionales y derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, así como plantear contradicciones entre una norma de carácter general y la Constitución. Y el artículo 107 hace mención al juicio de amparo, mediante el cual, los tribunales pueden resolver la inconstitucionalidad de una norma general, actos y omisiones de la autoridad; es decir, la SCJN tiene potestades para atender controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, o al menos las tiene hasta antes de la reforma de supremacía constitucional, ahora en trámite en la Cámara baja.

DE LOS PASILLOS

La “guerra narca” le estalló a la presidentA Claudia Sheinbuam. Los enfrentamientos entre integrantes de pandillas delincuenciales de los principales cárteles, de Sinaloa (CS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) se registran no sólo en Sinaloa, Sonora y Baja California, sino se extienden a Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, y abarcan Chiapas y Tabasco, en el sur, y Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua en el norte… Aunque la impunidad para los narcos llegó a la Cámara de Diputados en donde a rabiar se defendió a Ruben Rocha Moya, el narcogobernador sinaloense… Otro estallido está en el Senado, en donde las pandillas pululan por las curules y hasta votan.

Por AL PE

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