“En estas opiniones, recopiladas en el Estudio de Tendencias de Servicios Legales 2025 se ve una muestra muy representativa de tomadores de decisiones legales que estará siguiendo con lupa en 2026 cómo se afecta al Estado de Derecho por el cambio de ministros, magistrados y jueces, combinado con las modificaciones a la Ley de Amparo, pronunciamientos precipitadosde la Corte y otras iniciativas del Congreso que restan certeza en el medio empresarial y de inversiones de calidad y de largo plazo, tan necesarias en el país. Desafortunadamente no son pocos los casos que analizan opciones para navegar en un ambiente desfavorable o bien eventualmente retirarse”, señaló.

El especialista explicó que detrás de las respuestas de los directores jurídicos, hay un contexto más amplio, que tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho en México, la certeza jurídica y el respeto a las reglas preestablecidas y los derechos adquiridos. Las empresas están preocupadas porque se diluyan los años y experiencia de carrera judicial y con ellos el sistema de contrapesos. Se percibe un fuerte riesgo de que las resoluciones judiciales tengan un sesgo político, o bien se vean afectadas por la falta de experiencia de los juzgadores, dado que cambió de golpe la mitad de los jueces y próximamente serán sustituidos todos. Esto, aunado a pronunciamientos del máximo tribunal acerca de reabrir expedientes de asuntos concluidos, simplemente incrementa la zozobra en un ambienta de inversiones ya enrarecido.

En este escenario, aclaró que las controversias entre iguales, es decir entre particulares, todavía tendrán opciones para dirimirse mediante cláusulas de arbitraje o medios alternativos de solución de conflictos. “El problema más preocupante para las empresas se agravará considerablemente cuando tengan como contraparte al gobierno, sea como contribuyentes, como titulares de permisos, concesiones o permisos o como proveedores de bienes o servicios del gobierno, en cualquiera de los tres niveles. En esa posición, las empresas se sienten todavía más vulnerables porque los jueces podrían resolver por consigna a favor del gobierno”.

Recordó que tal es una preocupación válida que se expresó por cámaras industriales y organizaciones gremiales nacionales e internacionales, desde que la Reforma Judicial y la reforma a la Ley de Amparo fueron anunciadas el sexenio pasado. “La propia Organización de las Naciones Unidas se pronunció al respecto con preocupación. Ahora vemos cómo estas medidas están ahuyentando proyectos e inversiones. Los cálculos de riesgo país buscan condiciones previsibles, bajo reglas del juego claras y tribunales con apego al derecho. Cuando estos ingredientes se contaminan, las inversiones se encarecen y ahuyentan. Las empresas van a requerir de un acompañamiento cercano y estrategias robustas de cumplimiento, apoyadas por expertos legales, como lo indica el estudio”, concluyó.

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