Chihuahua, Chih.- La diputada de morena Leticia Ortega Máynez, presentó un posicionamiento respecto a los primeros 500 día de gobierno de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, al destacar que no se ha cumplido con lo prometido y proyectado a los chihuahuenses en materia de corrupción, buen manejo de los recursos públicos y transparencia, así como el tema de la red de corrupción del ex gobernador César Duarte.

A menos de dos años, todos esos compromisos han quedado en entredicho de manera sistemática”, indicó la legisladora, quien mencionó 10 acciones torales que la mandataria ha realizado, al dejar de lado las promesas de un buen gobierno.

1. El otorgamiento en opacidad de la adjudicación directa a un contrato de 4 mil 200 millones para la Torre Centinela, clasificando toda la información como reservada durante cinco años con la empresa SeguriTech Privada, una empresa que ha sido señalada por los sobreprecios en el equipamiento de inmuebles.

2. El subsidio de 134 millones 163 mil 325 pesos, por la enajenación de un terrero de 16 hectáreas al empresario Luis Lara Armendáriz, identificado públicamente como uno de los principales soportes de la campaña electoral de la actual gobernadora. El terreno fue regalado por un monto de 3 millones 382 mil 674 pesos.

3. Se intentó realizar un negocio millonario con uniformes del Cobach, vulnerando la economía de las familias chihuahuenses. El Gobierno del Estado, a través del Colegio de Bachilleres, otorgó de manera discrecional y sin contrato alguno la comercialización de paquetes de uniformes para alumnos de nuevo ingreso.

4. El replaqueo vehicular que ha afectado la economía de los ciudadanos, con el cobro del precio de las matrículas cuando ni siquiera se había emitido la licitación para fabricar las placas metálicas. Se pagaron 233.13 pesos por cada juego de placas. De febrero a marzo las cobró en 444 pesos a los contribuyentes y, a partir de abril, en 644 pesos.

5. En materia recaudatoria, el Gobierno Estatal también aumentó el ISN del 3 al 4% durante el año pasado, siendo la tasa de ISN más alta del país.

6. La adjudicación directa, a través del municipio de Chihuahua, pero con financiamiento del Gobierno del Estado, a un contrato a una empresa por 34.8 millones de pesos por la puesta en escena de 12 funciones, en el contexto de la cancelación del Festival Internacional Chihuahua y de la Feria del Libro de Ciudad Juárez.

7. La reforma al Poder Judicial que pone en riesgo al Sistema de Justicia de Chihuahua y da entrada a una posible captura por parte de grupos de interés, al eliminar los concursos de oposición en el nombramiento de las magistraturas.

8. La designación de Nidia Orpinel Pizarro como encargada del despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, quien cuenta con nexos e intereses al ex gobernador César Duarte, motivo por el que se le ha señalado como un nombramiento de “improcedente, ilegítimo e ilegal” porque se trata de un organismo con autonomía constitucional.

9. Los hechos violentos que se registraron en el CERESO 3 de Ciudad Juárez el 11 de agosto del 2022 y el 1 de enero del 2023, exhibió una red de corrupción e impunidad en el penal, y que obligó a la renuncia del director y el encargado del sistema estatal penitenciario, así como al cambio del fiscal.

10. En este último punto respecto a la remoción del fiscal Roberto Fierro por los hechos en Ciudad Juárez, la gobernadora insiste en involucrar a personajes involucrados en investigaciones por corrupción con el ex mandatario César Duarte, al proponer como nuevo fiscal a César Jáuregui Morena, a quien se le acusa de haber recibido recursos públicos cuando coordinada la fracción panista ,junto con la gobernadora en aquella legislatura, La Fiscalía señaló que los dos cobraron alrededor de 10 millones de pesos.

La serie de contrataciones y nombramientos mencionados demuestran que el propósito de la gobernadora no es el bien común como tanto pregona, sino que su objetivo es mantener el control de los Poderes Judicial y Legislativo, así como desprestigiar el combate a la corrupción, desactivar ciertos procesos judiciales y mantener en la oscuridad el uso de los recursos públicos”, sostuvo la diputada.

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