La violencia en la Montaña Baja de Guerrero ha obligado a cientos de familias a abandonar sus comunidades, en medio de ataques atribuidos por pobladores y organizaciones indígenas al grupo criminal Los Ardillos. Las agresiones registradas en localidades como Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán han generado una crisis de desplazamiento forzado.

De acuerdo con testimonios de habitantes y organizaciones comunitarias, los ataques han incluido drones, armas de alto calibre y artefactos explosivos, provocando que familias enteras huyan para protegerse. Las cifras sobre personas desplazadas varían según la fuente: organizaciones han reportado cientos e incluso miles de afectados, mientras autoridades han manejado cifras menores.

El conflicto ha dejado además comunidades parcialmente destruidas y familias que no pueden regresar debido a la inseguridad. Algunos pobladores denunciaron la pérdida de viviendas, cosechas, animales y bienes básicos, mientras defensores de derechos humanos han advertido que todavía no existen condiciones suficientes para garantizar un retorno seguro y permanente.

La situación también ha generado preocupación por la posibilidad de que los habitantes desplazados queden atrapados entre los grupos criminales que disputan el control territorial. Organizaciones indígenas sostienen que la violencia busca debilitar la organización comunitaria y facilitar el dominio de la región, aunque las autoridades no han establecido públicamente todas las causas detrás de los ataques.

Mientras continúan las exigencias de protección y atención humanitaria, el caso de Chilapa, Guerrero, vuelve a poner sobre la mesa el problema del desplazamiento forzado provocado por la violencia criminal. Colectivos y organizaciones civiles han solicitado una estrategia permanente que permita proteger a las familias, recuperar sus comunidades y garantizar que puedan regresar sin poner en riesgo sus vidas.