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Despidos en defensoría pública encienden alerta por impacto en el acceso a la justicia

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Mientras gran parte del país mantiene la atención en otros acontecimientos, una decisión tomada el 30 de junio pasó casi desapercibida. Ese día fueron despedidas 43 personas que se desempeñaban como trabajadoras sociales dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública, una medida que genera preocupación por las consecuencias que podría tener en la atención de los sectores más vulnerables.

Las personas separadas de sus funciones no realizaban labores administrativas, sino que desarrollaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes especializados en trabajo social y analizaban las condiciones de vulnerabilidad de quienes recurren al Estado al no contar con recursos para contratar una defensa legal o recibir asesoría jurídica.

Gracias a ese trabajo especializado era posible brindar una atención integral a mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, integrantes de comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a los derechos humanos, permitiendo que la defensa de cada caso respondiera a las circunstancias particulares de cada persona.

La eliminación de este personal no sólo representa la pérdida de fuentes de empleo, sino que también debilita la capacidad de ofrecer una impartición de justicia profesional, independiente y de calidad para quienes dependen de los servicios públicos de defensa. A ello se suma la inquietud por los despidos ocurridos después de que la reforma judicial prometiera en repetidas ocasiones respetar los derechos laborales, dejando incluso a algunas personas sin seguridad social para continuar tratamientos médicos indispensables.

La situación ha encendido cuestionamientos sobre la protección de los derechos laborales dentro del servicio público, al considerar que garantizar estas condiciones también fortalece el Estado de derecho. Asimismo, se advierte que preservar a quienes hacen posible el acceso a la justicia significa proteger principalmente a las personas con menos recursos, pues la justicia también se ve afectada cuando son despedidos quienes contribuyen a hacerla realidad.

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