CHIHUAHUA. No hay por parte de la actual administración persecusión en contra de ejidatarios de Constitución y Benito Juárez, manifestó el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno. La semana pasada, habían acusado criminilización en medio de la disputa de agua entre las comunidades LeBarón y El Barzón. 

Jáuregui Moreno confirmó —al igual que el fiscal general Roberto Fierro Duarte— que existen denuncias hacia habitantes de los ejidos Constitución y Benito Juárez. Sin embargo, descartó que haya interés de por medio, sino que es competencia de un juez interponer una resolución.

Mencionó: «La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene que proceder en torno a esas denuncias, a valorarlas, hacer la investigación. Y ya determinar si existen dos cosas: la probable comisión del delito y la responsabilidad de alguien».

Cuestionado sobre las comparaciones del conflicto de ambas comunidades con el de La Boquilla, aseveró que se trata de dos situaciones distintas. A su parecer, una se trató de un conflicto social cuya resolución no fue la debida; la otra, una serie de denuncias penales «que tienen durmiendo el sueño de los justos».

El pasado 1 de mayo, la exconsejera de la Judicatura, Luz Estela Castro, advirtió que varios defensores del medio ambiente cuentan con órdenes de aprehensión en medio de la controversia.

Mediante sus redes sociales, Lucha recriminó a la comunidad LeBarón por el presunto robo de agua de los ejidos ubicados en el municipio de Buenaventura y por el asesinato de los activistas Ismael Solorio y Manuelita Solis.