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POR ERNESTO AVILÉS MERCADO

La reciente irrupción de la Secretaría de Seguridad Pública en 5 municipios para revisar la licencia colectiva de portación de armas de fuego para las instituciones Municipales encargadas del orden y seguridad de este nivel de Gobierno, trajo como consecuencia el decomiso de más de 70 rifles de asalto y diversas armas automáticas que no se encuentran enlistadas dentro del permiso colectivo de la SEDENA.

Uno de los problemas más graves que se presentan en las Municipalidades más distantes de la capital y que les representan a las autoridades civiles constantes preocupaciones, es el relacionado con la seguridad pública, porque no pueden exigirles a sus policías que lleven a cabo acciones en contra de quienes representan el crimen organizado que opera en cada Municipalidad.

En primer término porque no cuentan con la misma capacidad de fuego; las armas que portan los policías no se comparan con las que utilizan las bandas criminales, ni tampoco la cantidad de parque, que en muchas ocasiones, son los propios representantes del orden quienes tienen necesidad de adquirir con sus propios medios.

Desde que se conoció la estrategia de seguridad a nivel nacional, que se incluían a los integrantes de la guardia nacional, los cuales cuentan con una formación militar, se pensó que se podría anunciar que serían ellos los encargados de enfrentar al crimen de cada zona, pero contrario a lo que se podría pensar, la presencia de los militares en la sierra, es tan anunciada que cuando arriban a cada comunidad, los delincuentes han salido y se han escondido, hasta que se va, para nuevamente tomar el control de la zona.

No se puede culpar del todo a los alcaldes, como se pretendió hacer con la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, que daba a conocer por redes sociales que se encontraba en su casa a resguardo por las constantes balaceras que se protagonizan en pleno centro de la cabecera municipal.

Las autoridades municipales, saben perfectamente quienes son y cómo operan, pero también saben que en muchas de las ocasiones, son ellos, las estructuras criminales, los que colaboran con la autoridad para mantener en paz y tranquilidad a sus comunidades.

El problema se presenta cuando se disputan entre ellos los espacios de jurisdicción, y los enfrentamientos se dan prácticamente en donde se encuentren.

Para nadie medianamente informado, es desconocido que algunas bandas criminales tienen control sobre el aprovechamiento de la madera, que no respetan los estudios dasonómicos y talan bosques completos comercializando el producto, mientras que en zonas mineras, “venden” protección a las empresas, y les pagan con gasolina, dinero en efectivo y hasta con mineral que ellos mismos llevan a beneficiar.

Los apoyos que reciben los ayuntamientos, para obras y mejoramiento de servicios, además de los extraordinarios, no solo son autorizados en su beneficio por parte de los integrantes del cabildo, sino que en muchos de los casos, son canalizados o aprovechados por empresas que tienen relación directa con el jefe de plaza o el grupo que domina la zona.

El problema de la seguridad en Chihuahua y en México es consecuencia del abandono, complacencia y sobre todo la complicidad que han tenido muchos de los gobiernos de la República.

Maru Campos ha sido una buena gobernadora, que le ha canalizado recursos importantes al rubro de seguridad, pero no solo no se han obtenido los resultados esperados, sino que la evidencia de corrupción entre las estructuras de seguridad, dan cuenta de que el responsable de operarlo, no ha tenido el apoyo de sus subalternos, no ha podido con la corrupción existente, y lo más importante: ha sido incapaz de responder a la confianza en él depositada.