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CHIHUAHUA.- Las denuncias de la mujer integrante de la Policía Vial están siendo investigadas por Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), donde hace dos años interpuso una queja contra el comandante Martín F., quien la hostigaba, y la cual, al considerar que no existían suficientes pruebas, cerró la carpeta, sin mantenerla al tanto del proceso.
Mediante redes sociales, la agente denunció varias irregularidades en la corporación. Después de la resolución de Asuntos Internos —refirió— pensó en renunciar. Pero optó por cambiar a otro departamento, en donde sus jefes, Juan Carlos y Gabriela, al descubrir que tenía un chat con sus compañeros, la retiraron de oficinas para establecerla en funciones operativas. La justificación de cambio fue que presuntamente habló mal de ellos. Además —expuso— corrieron a un juez calificador por no estar de acuerdo con las audiencias.
Una vez que la mandaron a patrullar por las calles —reveló— descubrió las malas condiciones con que operaban los agentes, quienes, a pesar de que, por ley, el gobierno debe de proveerles equipamiento cada 6 meses, se ven en la necesidad a comprar balas, radios, material, uniformes, fundas para arma, parachoques, y un sinfin de materiales. En tal sentido, manifestó que los delincuentes poseen mejor armamento que ellos.
Al respecto, el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que se abrió un expediente con los nombres de Juan Carlos y Gabriela para averiguar los hechos. En cuanto a la compra de pistolas por parte de los uniformados, advirtió que podría tratarse de tráfico de armas, pues, recordó, sólo la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) cuenta con autorización para venderlas en el país.
Por otra parte, si bien dijo que «las cosas no son tan rápidas como quisiéramos», negó que los elementos carezcan de armamento. Externó que, si bien en días recientes se presentó una demora por la adquisición de uniformes, se han entregado chalecos y cascos y se ha renovado el 70% de las unidades policíacas.
E indicó: «No vaya a ser que sea nada más un tema por desacreditar el trabajo que se está haciendo, pero también no podemos perder de vista que pudiera estarse cometiendo un abuso, y, de ser así, inmediatamente corregirlo y, de ser sancionable, sancionar a quien lo haya hecho».
