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El Tribunal Superior de Justicia del Estado defendió la reforma de jubilación anticipada de jueces y magistrados en la entidad federativa, la cual se encuentra en análisis en el Congreso de Chihuahua, y que ha sido objeto de numerosas críticas por el monto de hasta $100 millones de pesos anuales que contempla.

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de Morena coincidieron en que el monto contemplado por el Tribunal implica una grave afectación para el erario público. Alfredo Chávez, coordinador de Acción Nacional en el Congreso, lo calificó de «estratosférico», y advirtió que el Poder Legislativo impedirá su aprobación.

En respuesta, la magistrada Myriam Hernández Acosta, presidenta del Poder Judicial en Chihuahua, advirtió que la pensión, que forma parte de la reforma al Poder Judicial, fue elaborada a detalle junto a la Secretaría de Hacienda, luego de un análisis cuidadoso, de forma que, en sus palabras, hay plena justificación del recurso.

No obstante, hizo énfasis en que ella y las personas impartidoras de justicia en el Estado serán respetuosos de cualquier determinación que surja del Congreso, y que no será hasta entonces que emiten una postura con relación al tema.