Para ser un presidente que dice estar contra el injerencismo extranjero en México o en cualquier otro país, López Obrador luce unos estándares bastante extraños. Ayer, en la misma conferencia mañanera, descalificó el informe sobre derechos humanos del departamento de Estado que denuncia corrupciones, violencia e inseguridad y acoso contra medios y periodistas en México, dijo que era una suma de mentiras realizadas por funcionarios que nada tienen que ver con el presidente Biden.
Dijo que era politiquería, al mismo tiempo apoyó al ex presidente Trump que está siendo juzgado en un tribunal de Nueva York por haber sobornado con 130 mil dólares de dinero de su campaña de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels y tratar de ocultar así la aventura sexual que tuvo con ella en 2006. Para López Obrador la acusación de soborno con recursos de campaña no es un delito, es una estrategia para impedirle a Trump estar en la boleta del 2024 y aseguró que a él “le pasó lo mismo” con el intento de desafuero en 2005.
El presidente López Obrador le podría haber preguntado ayer al ex secretario de Estado, John Kerry, actual responsable de las políticas medioambientales del presidente Biden, qué tanto el departamento de Estado es autónomo de la Casa Blanca. Kerry que acompañó al presidente a la conmemoración del natalicio de Juárez en Guelatao, Oaxaca, y que es uno de los políticos demócratas más comprometidos por la defensa de los derechos humanos desde la guerra de Vietnam, le podría haber explicado al Presdiente que no hay dependencia más cercana a la Casa Blanca que el departamento de Estado y que el tema de los derechos humanos es de los más importantes para las administraciones estadounidenses de origen demócrata desde el gobierno de Carter en los años 70.
El informe del departamento de Estado no está descubriendo el hilo negro. México llegará esta semana a los 150 mil asesinados en lo que va del sexenio, hay más de 30 mil desaparecidos, México es el país del mundo con mayor cantidad de periodistas asesinados, y ésta es la administración federal que mayor cantidad de contratos de adjudicación directa ha otorgado en las últimas décadas, escudándose muchas veces en la seguridad nacional.
Para el presidente López Obrador, según dijo ayer, todo lo que denuncia el informe de derechos humanos del departamento de Estado, es mentira y reiteró que la estrategia de seguridad, de abrazos y no balazos es un acierto que está dando resultados.
Más allá de eso, descalificar al departamento de Estado diciendo que no tiene relación con el gobierno de Biden, es como decir que el presidente López Obrador no sabe lo que hacen Adán Augusto, Claudia o Marcelo.
Atacar al sistema judicial de Estados Unidos porque está juzgando a Donald Trump por un evidente delito, de los muchos que ha cometido, dentro y fuera de la presidencia de su país, sorprende sobre todo en alguien que en el párrafo anterior se quejó de la injerencia de Estados Unidos en México.
Hace unos días los dirigentes de Morena pedían que fueran los tribunales de ese país los que juzgaran a Calderón y a otros políticos mexicanos después de que se sentenciara a García Luna. Ahora denuncian que esos tribunales hacen politiquería porque defienden nada menos que a Trump. El ex presidente tiene varias denuncias e investigaciones importantes en su contra: desde el caso de la actriz porno hasta el promover el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2022, desde llevarse documentos confidenciales al dejar el cargo hasta mentir y actuar con negligencia ante la pandemia; desde denunciar un fraude que nunca pudo comprobar en unas elecciones ratificadas por todos las instituciones del Estado hasta de haber concertado con los servicios de inteligencia de Putin la campaña negra contra Hillary Clinton en 2016. Defender a Trump ante estas acusaciones define tanto al defensor como al acusado.
Pero al mismo tiempo el gobierno federal tiene una abierta actitud injerencista en muchos países como en Perú, donde incluso se niega a entregar la presidencia de la Alianza Para el Pacífico porque defiende al autogolpista Pedro Castillo, depuesto por el congreso y acusado por el poder judicial de ese país. Nos puede gustar o no el nuevo gobierno de Perú, a mi me parece un desastre, pero es el que reconocen sus instituciones democráticas y el resto de los países. México no tiene justificación legal alguna para denunciarlo públicamente como ha hecho el presidente López Obrador o para desconocer normas diplomáticas como la de la presidencia de la Alianza para el Pacífico.
Tampoco parecen interesarle demasiado los derechos humanos. No se denunció la toma del Capitolio y fuimos, con Putin, de los últimos gobiernos del mundo en reconocer el triunfo de Biden; condecoramos al gobierno “humanista” de Díaz Canel en Cuba a pesar de que estamos ante una dictadura que está llegando a los 65 años ininterrumpidos en el poder; no condenamos a la Nicaragua de Daniel Ortega, una dictadura peor que la de Somoza, ni tocamos tampoco a Nicolás Maduro. Pero somos durísimos con el Parlamento Europeo porque denuncia el asesinato de periodistas en México; con España porque no se quieren disculpar por Hernán Cortes y la llegada de los españoles hace 400 años; descalificamos a los congresistas estadounidenses por reclamar por el tráfico de fentanilo, al poder judicial por enjuiciar a Trump y al departamento de Estado porque denunciar violaciones a los derechos humanos que todos sabemos que existen y son públicas. ¿Con qué lentes miramos el mundo?.