CHIHUAHUA.- Por falta de evidencias, el Décimo Juez de Distrito dio suspensión definitiva al amparo promovido por pobladores de Meoqui contra la empresa Malteurop Group, cuyas torres eléctricas (señalaron los afectados) se establecieron adentro de terrenos con propietarios. La maltera podrá continuar la construcción de las instalaciones.
La resolución del juzgado tuvo lugar después de que los denunciantes no lograran demostrar, mediante documentación legal, que los presuntos predios intervenidos les pertenecen. Al acreditar, pues, que no existía violación a los derechos de los productores, y que, como resultado, las torres se instalaron en vía pública, emitió la resolución.
Los pobladores, según refirió su representante legal, Emilio Castillejos, el pasado 10 de noviembre, llegaron a recibir intimidaciones por parte de las corporaciones de seguridad. Dos días antes, cuando se manifestaron en contra de Malteurop Group, el Estado desplegó un operativo en donde los oficiales amenazaron con detenerlos si no se desistían de protestar en contra del proyecto.
Acusó, además, dos hechos contraproducentes: la repercusión medioambiental de las altas cargas de energía, los problemas de salud derivados de la aplicación de campos magnéticos; y que la Secretaría de Comunicación y Transportes autorizara la obra, cuando no posee dicha facultad.
Al respecto, la titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), María Eugenia Granados Trespalacios, externó que, si bien se han presentado «algunos retos», la administración estatal procurará, en todo momento, velar por los intereses de la iniciativa privada, de Chihuahua y de la Federación.
En sus palabras: «En las capacidades y en las facultades que el Gobierno Estatal tenga, pues tenemos la instrucción de la gobernadora [María Eugenia Campos Galván] de estar ahí presentes y de proteger esos intereses y los intereses también del Estado. Es un trabajo que se está haciendo en conjunto con también con el gobierno federal, porque estamos todos involucrados».