La integrante del colectivo Vida en la Cuenca, Diana Martínez Lugo, lanzó un llamado al Ayuntamiento de Chihuahua para revisar con mayor rigor los procedimientos de autorización de desarrollos habitacionales y cambios de uso de suelo, al advertir posibles omisiones en materia de impacto ambiental.
Durante su participación en sesión de Cabildo, Martínez Lugo cuestionó si en todos los casos existen estudios y validaciones ambientales suficientes por parte de autoridades federales como Semarnat o Profepa, al señalar que algunos proyectos podrían avanzar sin una revisión integral de sus posibles afectaciones ecológicas.
Su intervención se registró luego de que el Cabildo aprobara el dictamen presentado por la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano respecto a la autorización del régimen en condominio comercial denominado “Laderas Comercial E”, ubicado en la zona surponiente de la ciudad, con una superficie de 1,893.12 metros cuadrados.
La representante de Vida en la Cuenca advirtió sobre la importancia de considerar los efectos que este tipo de proyectos pueden generar en ecosistemas, especies animales y vegetales, así como en las personas que habitan en los alrededores de las zonas donde se desarrollan obras urbanas.
Asimismo, pidió que el municipio fortalezca los mecanismos de análisis antes de aprobar desarrollos inmobiliarios, con el objetivo de garantizar que exista claridad respecto a los permisos ambientales y a los posibles impactos derivados del crecimiento urbano.
El proyecto aprobado fue promovido por Salvador Beltrán Sáenz, representante legal de Inmobiliaria Reliz, S.A. de C.V.; Federico Porras Garza Castillón, representante legal de Apoch, S.A. de C.V. y Oretan, S.A. de C.V.; así como Amada Beatriz Beltrán Antillón, representante legal de Crossborder Technologies, S.A. de C.V.
Aunque el dictamen recibió el aval del cuerpo edilicio, la participación de Diana Martínez colocó nuevamente en el debate público el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección ambiental en Chihuahua, especialmente en zonas donde colectivos ciudadanos han advertido posibles riesgos ecológicos.
