Un ataque aéreo llevado a cabo por las fuerzas paramilitares respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos asestó un golpe devastador a una mezquita en El Fasher, en la región de Darfur (Sudán). Al menos ochenta y cinco personas murieron durante este asalto mientras rezaban, lo que exacerba la grave crisis humanitaria ya existente en la zona. Muchos de los fallecidos eran civiles que no tienen relación directa con el conflicto armado.
El incidente se da en un contexto de guerra civil declarada entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el ejército sudanés desde abril de 2023. La población de Darfur ha sido sitiada, con escasez de alimentos, servicios médicos precarios y desplazamientos masivos. Las mezquitas, hospitales y refugios han sido blanco frecuente de ataques informales o bombardeos, lo que incrementa la percepción de que no se respetan los espacios protegidos.
La ofensiva aérea también dejó cientos de heridos, muchos con traumatismos severos, lo que sobrecarga los pocos centros médicos operativos. El sistema de salud local estaba colapsado, y la ayuda internacional se ve limitada no sólo por la inseguridad, sino por bloqueos logísticos, carencia de recursos y acceso restringido a zonas afectadas.
Organismos humanitarios advierten que lo sucedido podría constituir una violación de los derechos internacionales humanitarios, en particular del principio de protección de no combatientes y lugares de culto. Hay llamados urgentes para investigar el ataque, identificar responsables, y sancionar si se confirma que se actuó con negligencia o intencionalidad.
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La comunidad internacional condenó el ataque. Se han planteado resoluciones en organismos multilaterales que exigen un cese inmediato de hostilidades y acceso humanitario irrestricto. Sin embargo, las facciones enfrentadas (RSF y ejército) se acusan mutuamente de perpetrar violaciones sistemáticas, lo que complica los esfuerzos para llegar a una tregua efectiva.
Mientras tanto, las personas desplazadas internamente suman ya cientos de miles en Darfur. Familias enteras huyen de zonas de combate hacia campamentos improvisados, en condiciones de vulnerabilidad, sin vivienda adecuada, agua potable ni seguridad. El deterioro climático también agrava la crisis, pues la sequía y la escasez de lluvias empeoran la situación de los cultivos y el ganado.
El sustento alimentario está en riesgo crítico. Varios organismos internacionales han alertado que hay signos de hambre; la destrucción de rutas de suministro limita la entrada de alimentos y medicinas. La posibilidad de brotes de enfermedades es alta, dado el hacinamiento, la higiene deficiente y la falta de atención sanitaria.
El consenso diplomático tiende a exigir la intervención ética basada en acuerdos internacionales, pero en la práctica esto se enfrenta a la soberanía nacional, al control territorial irregular y la complejidad política interna. La legitimidad de las partes combatientes es puesta en cuestión, lo mismo que la capacidad del Estado para proteger a su población.
Este ataque no solo agrava el conflicto armado, sino que incrementa las tensiones étnicas y sociales en Darfur. Las comunidades locales observan con miedo dónde cruzan las líneas divisorias del conflicto, y crece el resentimiento contra quienes se perciben como responsables del sufrimiento. Reconstruir confianza será un reto inmenso.
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