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Hoy miles de campesinos de varias entidades se unieron en protestas para exigir apoyos reales del gobierno, pues aseguran que los subsidios actuales no les alcanzan para cubrir costos de producción, transporte e insumos. Muchos denuncian pérdidas económicas graves en la reciente temporada agrícola.

Productores explican que los precios de sus cosechas no compensan los gastos de cultivo, fertilizantes, transporte ni seguridad, por lo que varios de ellos se encuentran al borde de la quiebra.

La protesta incluyó bloqueos carreteros en zonas rurales, lo que ha afectado la circulación de mercancías y generado tensión con transportistas y comunidades cercanas.

Diversos líderes campesinos plantean que la política agrícola actual no considera las necesidades reales del campo, y que las promesas de apoyo se quedan en palabras, sin recursos suficientes.

Además, denuncian abandono histórico: sin inversiones en infraestructura, servicios, agua, caminos ni seguridad, se vuelve cada vez más difícil trabajar la tierra.

Algunos productores reportan inseguridad en rutas rurales, robos y amenazas, lo que incrementa su vulnerabilidad y desincentiva la actividad agrícola.

Ante ello, exigen una reforma profunda: precios justos, subsidios reales, protección para sus cosechas y garantías de seguridad en caminos y transportes.

Para muchas familias rurales, este conflicto significa no solo una lucha por su sustento, sino por su supervivencia como comunidad.

El descontento agrario también ha generado debates políticos: partidos y organizaciones sociales buscan aprovechar la presión para promover cambios legislativos en apoyo al campo.

Si no se atienden sus demandas, advierten los agricultores, la crisis del campo podría agravarse, con migración masiva, pérdida de producción y desestabilización social.

Este conflicto revela la fragilidad del sector agrícola y la urgencia de políticas que protejan a uno de los pilares más importantes del país.