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El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio de 2024 en Culiacán, se ha convertido en uno de los episodios más controvertidos en la política reciente de Sinaloa, al entrelazarse con señalamientos sobre presuntos vínculos entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el crimen organizado. El caso, lejos de cerrarse, continúa generando dudas por las inconsistencias detectadas en las investigaciones oficiales y por nuevas líneas que han surgido a nivel nacional e internacional.
Inicialmente, las autoridades estatales sostuvieron que el homicidio de Cuén se derivó de un intento de robo de vehículo; sin embargo, esta versión fue puesta en entredicho semanas después. Una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada aseguró que ese mismo día estaba prevista una reunión entre el propio Cuén, el capo y Rocha Moya, lo que colocó al mandatario en el entorno inmediato previo al asesinato.
Posteriormente, la intervención de la Fiscalía General de la República detectó inconsistencias en la investigación local, incluyendo dudas sobre el lugar real del crimen y posibles irregularidades en la evidencia presentada. Estas anomalías debilitaron la narrativa inicial y abrieron la posibilidad de que el homicidio estuviera vinculado a un encuentro previo, lo que intensificó el escrutinio sobre el caso y sus implicaciones políticas.
A la par, investigaciones y versiones periodísticas han señalado que el asesinato de Cuén ocurrió en el mismo contexto en que se desarrollaron hechos relacionados con el secuestro de Zambada, lo que ha alimentado hipótesis sobre una posible conexión entre actores políticos y organizaciones criminales. Incluso, algunas indagatorias apuntan a que este crimen pudo haber eliminado a un testigo clave dentro de una trama más amplia.
Pese a la gravedad de los señalamientos, hasta ahora no existe una acusación judicial directa contra Rocha Moya por el homicidio de Cuén. El gobernador ha negado cualquier participación o conocimiento de la supuesta reunión, asegurando que no estuvo presente y rechazando los vínculos que se le atribuyen. Mientras tanto, el caso permanece bajo análisis y continúa siendo un foco de presión política, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.