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La diputada local por morena María Antonieta Pérez Reyes catalogó de grave y alarmante que el Gobierno del Estado reconozca el fracaso en su sistema de justicia, en el tema de tortura, al querer o pretender crear una fiscalía especializada en la investigación de este tipo de delitos.
Fue este martes que, por unanimidad, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado aprobaron a favor el sentido del dictamen que crea la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Iniciativa propuesta por la gobernadora del Estado.
“Esto quiere decir que existe la tortura al grado de que se tiene que crear una fiscalía adicional. Recordemos que las fiscalías especializadas se crean cuando hay delitos que se están saliendo de control; por ejemplo, los feminicidios, la violencia intrafamiliar. Por lo que esto es el reconocimiento de que el delito está latente en el sistema de justicia del actual gobierno y que está creciendo de manera alarmante”, manifiesto la legisladora.
Pérez Reyes hizo hincapié en que con estas acciones la administración acepta de manera tácita que, en su gobierno, en el sistema de justicia, en las fiscalías se está torturando a los posibles justiciables, por lo que esto es muy grave.
Detalló que de otra manera no se explica por qué querer crear una fiscalía anti-tortura, ya que existen otros entes similares que atienden asuntos internos y dio como ejemplo el caso de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito que recibe las quejas de posibles torturas de la autoridad contra posibles justiciables.
“Tenemos tantas fiscalías sin recursos, sin personal suficiente y capacitado, desbordado por los expedientes de tantos delitos que se están cometiendo en el Estado, en la ciudad, que abrir otra fiscalía para que no tenga recursos, no tenga presupuesto; es ocioso”, enfatizó María Antonieta Pérez.
Finalmente, dijo que la Fiscalía General del Estado esta obligada a explicar a la ciudadanía los probables actos de tortura hacia los posibles justiciables y de no haber depurado dichos actos que al parecer se están presentando dentro del actual gobierno; mismo delito que debió de erradicarse desde el primer año en que la gobernadora entro en funciones.
