Noticias Chihuahua:

Veintiuna aduanas repartidas en 13 estados de México están bajo sospecha de participar en un esquema de contrabando de combustible disfrazado de importaciones de aceites lubricantes. Estos productos, usados como fachada, evaden del impuesto IEPS, lo que representa una pérdida millonaria para el erario.

Se ha detectado que las importaciones de esos productos crecieron muchísimo entre los años, pasando de cifras menores a cantidades de litros muy altas, lo que sugiere que se usan rutas oficiales para encubrir combustible de contrabando.

El esquema ha sido llamado “huachicol fiscal” porque no se trata solamente del robo de combustible, sino de evadir impuestos usando proveedores, aduanas y empresas que declaran aceites lubricantes, cuando el fin real es otro.

Hay acusaciones de que mandos navales, funcionarios públicos y empresarios están involucrados. Se señala a bandas familiares como los hermanos Farías Laguna, con vínculos en la Secretaría de Marina, lo que complica los controles.

Las aduanas clave mencionadas incluyen lugares como Tampico, Veracruz, Tuxpan, Ciudad Reynosa y Ensenada. En particular, Tamaulipas resalta por la vía terrestre, donde se moviliza mucha mercancía sospechosa.

El daño al erario podría alcanzar los 120 mil millones de pesos, sumando impuestos no cobrados, pérdidas fiscales y actividades ilegales. Es un golpe fuerte a las finanzas del estado.

Se afirma que parte del combustible se refina en Houston y después se importa de vuelta al país, lo cual sugiere que hay complicidad transfronteriza o al menos rutas que cruzan la frontera.

Las autoridades federales y aduaneras deben enfrentar retos de control, transparencia, auditoría, y sanción para evitar que este tipo de abusos sigan vulnerando tanto la hacienda pública como la seguridad.

Este caso evidencia que el problema del huachicol no es solo el robo físico de combustible, sino toda una red que involucra importaciones, evasión fiscal, logística internacional y corrupción institucional.

Para la ciudadanía, además del costo económico, está el riesgo ambiental, la inseguridad que implica transporte de productos peligrosos, y la impunidad si no hay investigaciones concluyentes.