Representantes de las comunidades rarámuri de Huitosachi, Bacajípare y Mogótavo exigieron el cumplimiento efectivo de la sentencia 635/2010, que ordena reparar las afectaciones ocasionadas por la actividad turística en Barrancas del Cobre. Durante una reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito se acordó un calendario de visitas para supervisar las acciones pendientes.
Como parte de los acuerdos, el 12 de agosto se realizará una visita a Bacajípare, el 27 de agosto a Huitosachi y a la planta tratadora de aguas residuales, y el 4 de septiembre a Mogótavo. En estos recorridos participarán la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico para presentar directamente a las comunidades los proyectos relacionados con agua potable y saneamiento.
Sin embargo, habitantes de la región manifestaron su desconfianza sobre el cumplimiento de los compromisos. María Monarca, integrante de la comunidad de Huitosachi, señaló que los problemas de drenaje y manejo de basura persisten desde hace varios años y acusó que las autoridades continúan sin llegar a acuerdos que permitan resolver la problemática.
La abogada de las comunidades, Citlali Quintana, recordó que el juicio inició en 2010 por las afectaciones ambientales y sociales derivadas del desarrollo turístico en el Parque de Aventura Barrancas del Cobre. Explicó que la resolución más reciente ordena garantizar el acceso al agua, construir una planta tratadora de aguas residuales, establecer un plan integral para el manejo de residuos y promover proyectos turísticos acordes con la cosmovisión de los pueblos indígenas.
La sentencia establece que la mayor parte de las obligaciones corresponden al Gobierno del Estado y al municipio de Urique, principalmente en materia de agua potable, saneamiento y manejo de residuos. Aunque diversas dependencias federales participan en el Consejo Consultivo Barrancas del Cobre, las comunidades consideran que la intervención de la Federación ha sido limitada y que instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas deberían asumir un papel más activo.
El litigio acumula más de 15 años y, pese a las resoluciones judiciales, las comunidades sostienen que las afectaciones ambientales continúan impactando su calidad de vida y su salud. Durante la reunión también se planteó solicitar un plan integral de saneamiento a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, así como recursos del Congreso del Estado para la construcción y mantenimiento de la planta tratadora de aguas residuales.
