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Ciudad de México, 14 de mayo de 2026.– Comunidades mayas, colectivos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos exhortaron a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a votar a favor del proyecto de resolución del amparo en revisión 451/2025, al considerar que su aprobación representaría un paso fundamental para garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente frente a la expansión de la industria porcícola en la Península de Yucatán. El caso analiza la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS) para regular la operación de las granjas porcícolas en la entidad.
Las organizaciones señalaron que respaldar el sentido de la propuesta permitiría fortalecer el derecho a la consulta previa, libre e informada y establecer un precedente clave frente a políticas y proyectos impulsados sin la participación efectiva de las comunidades mayas. Recordaron que dicha norma fue publicada en diciembre de 2022 por el entonces gobierno estatal encabezado por Mauricio Vila Dosal sin realizar un proceso adecuado de consulta indígena, pese a los impactos ambientales, sociales y culturales que la expansión de la industria porcícola ha provocado en los pueblos mayas de la región, incluyendo contaminación del agua, afectaciones a su territorio y riesgos para la salud y su vida comunitaria.
Sin embargo, las autoridades estatales ignoraron estas peticiones y publicaron la norma sin consultar a las comunidades. Como consecuencia, representantes del Consejo Maya del Poniente Chikin Ja y Kanan Lu’um Mo’ promovieron un juicio de amparo con el acompañamiento de Kanan Derechos Humanos.
Las organizaciones y habitantes de las comunidades denunciaron también que el Poder Judicial Federal en Yucatán desechó inicialmente la demanda con argumentos que calificaron como “inconstitucionales y arbitrarios”, motivo por el cual se promovió un recurso de revisión que posteriormente fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Advirtieron, además, que, pese a la existencia de la demanda y a las denuncias de las comunidades, el actual gobierno estatal encabezado por Joaquín Díaz Mena continúa aplicando la Norma Técnica Ambiental cuestionada.
Frente a este panorama, las comunidades y organizaciones llamaron a la SCJN emitir una resolución que garantice los derechos colectivos del pueblo maya y siente un precedente en materia de consulta indígena y protección ambiental. Entre sus principales demandas se encuentra:
Ordenar al Gobierno de Yucatán realizar un proceso de consulta indígena respecto de la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22
Establecer la consulta previa como requisito indispensable para la apertura, regularización y abandono de megagranjas porcícolas
Reconocer la legitimidad de los representantes comunitarios para promover acciones legales en defensa de los derechos colectivos del pueblo maya.
“Ministros y ministras, este amparo en revisión es una oportunidad para hacer algo frente al desastre socioambiental de la península, les exigimos que con su decisión garanticen los derechos del pueblo maya peninsular. No sean cómplices de la impunidad ambiental generada por los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal en Yucatán, de la SDS, Gobierno del Estado de Yucatán y del empresariado porcícola”. Expresaron las organizaciones firmantes.
FIRMAN
Kanan Derechos Humanos
Kanan lu’um moo
Consejo Maya del Poniente Chikin Ja
RacismoMX
Greenpeace
ProDESC
