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César Komaba Quezada, titular de la Subsecretaría de Movilidad, dio inicio a las comparecencias ante diferentes instancias gubernamentales luego de Carlos Pérez Corona, oficial de la misma corporación, lo acusara en una denuncia pública de incurrir en varios delitos, entre ellos secuestro, extorsión y abuso de autoridad, en medio de un arresto que ocurrió el 24 de septiembre de 2024.
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Medios de comunicación locales cuestionaron al funcionario acerca de los señalamientos que Pérez Corona realizó en contra suya. En respuesta, él hizo énfasis en que la detención del agente policíaco obedeció una solicitud de colaboración que la Fiscalía General de la República presentó ante Asuntos Jurídicos, y que luego fue acatada por Movilidad. De forma que se proclamó desconocedor de mayores detalles al respecto.
«Bueno, [la solicitud] se presentó en Asuntos Jurídicos. Nosotros atendimos esa parte por medio de ellos. Esa parte la trae Jurídicos. Nosotros no tenemos el asunto en la parte de la Subsecretaría [de Movilidad]. Fue una solicitud que nos hicieron de parte del Jurídico para que atendiéramos esa relación que hay entre las diferentes corporaciones. Desconozco completamente», declaró.
En cuanto a la orden de investigación que solicitó Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Komaba Quezada dio a conocer que su equipo de trabajo ha comparecido ante Asuntos Jurídicos, Asuntos Internos y la Secretaría de la Función Pública para remitir los elementos de prueba correspondientes. Mas resaltó que, por el momento, seguirá concentrado en las actividades de la dependencia a su cargo.
«Yo estoy trabajando. Estoy haciendo mis funciones. Y, bueno, mientras no haya un citatorio yo sigo pendiente. […] Estamos trabajando y estamos al pendiente de eso», dijo. E indicó que, una vez puesto en libertad y reintegrado a sus funciones en Movilidad, Pérez Corona ha percibido el mismo sueldo, las mismas prestaciones que cualquier integrante de la corporación.
La víctima afirma que, aquel día, Komaba Quezada incurrió en los crímenes de abuso de autoridad, extorsión, uso indebido de la seguridad pública, robo, difamación y daño moral. La detención —advierte— fue cometida sin pruebas suficientes. Antes de ingresarlo a un penal las fuerzas de seguridad lo trasladaron a Ciudad Juárez y Ciudad de México, donde un juez le dictó libertad inmediata por falta de elementos que acreditaran su responsabilidad.
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