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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el Pronunciamiento DGDDH 001/2026, en el que reiteró su imposibilidad jurídica y material de integrarse a la llamada Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala, al señalar que no será instrumento para trastocar el orden jurídico ni para sesgar las investigaciones que actualmente encauzan la COVAJ-Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República.
El organismo informó que en diciembre de 2025 recibió una notificación derivada del amparo en revisión 203/2017, en la que se le comunicaba su presunta integración a dicha comisión, cuyas facultades incluirían avalar determinaciones, fijar líneas de investigación, ordenar diligencias y participar en actos vinculados a la investigación del caso Iguala.
Ante ello, la CNDH respondió mediante oficio del 6 de febrero de 2026 que existe un cambio sustancial en el contexto jurídico desde que se dictó la ejecutoria, al recordar que el organismo ya realizó una investigación formal que derivó en la Recomendación 15VG/2018, actualmente en etapa de seguimiento, además de que se encuentra en proceso un nuevo expediente de queja relacionado con los hechos.
Asimismo, señaló que desde 2018 fue creada la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ-Ayotzinapa), y en 2019 la UEILCA de la FGR, instancias que ya investigan los hechos y que, de acuerdo con el pronunciamiento, persiguen objetivos coincidentes con los planteados en la ejecutoria judicial referida.
La CNDH también argumentó que su participación en una nueva comisión generaría un conflicto de interés, al implicar revisar o modificar conclusiones institucionales previamente emitidas, lo que comprometería los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que rigen su actuación como organismo autónomo de derechos humanos.
Finalmente, sostuvo que asumir funciones propias de investigación penal implicaría una invasión de facultades del Ministerio Público, por lo que solicitó que el asunto sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reiteró que continuará ejerciendo sus atribuciones constitucionales sin interferir en las investigaciones en curso sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
