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Con el aval del Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa impulsada por el diputado Jorge Soto fue aprobada y enviada al Congreso de la Unión, con el propósito de reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y sancionar el acoso laboral, el hostigamiento y el abuso sexual dentro del servicio público.

La propuesta, busca cerrar un vacío legal que hasta ahora permitía que estas conductas quedaran fuera del ámbito administrativo, limitando su castigo únicamente al terreno de lo penal.

“Es una reforma que cierra el paso a los servidores públicos que abusan de su posición para acosar o ejercer violencia sexual. Si bien la ley penal ya contempla sanciones, existía una omisión en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y como servidores públicos debemos tener no solo ética, sino también la obligación de impedir este tipo de abusos que, lamentablemente, siguen siendo comunes en el país”, señaló Soto.

La reforma aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado de Chihuahua, será remitida al Congreso federal para su análisis y posible incorporación a la legislación nacional.

Soto, advirtió que el objetivo es que el acoso laboral, sexual y el abuso de autoridad con connotaciones de violencia de género sean considerados faltas administrativas graves, sancionables con suspensión, destitución o inhabilitación del cargo.

“Es una iniciativa ya aprobada en Chihuahua y ahora elevada al Congreso de la Unión, donde espero que también sea aprobada. Se trata de seguir cerrándole el paso a quienes usan el servicio público para violentar a otros”, afirmó el legislador panista.

La propuesta adiciona los artículos 57 Bis, Ter, Quater y Quinquies a la LGRA, para definir de manera explícita las conductas de acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento sexual y abuso sexual, y establece que deberán ser consideradas faltas graves dentro de la administración pública.

Asimismo, incorpora la perspectiva de género en los procedimientos de responsabilidad administrativa y amplía las medidas cautelares para proteger los derechos humanos y laborales de las víctimas.

El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia argumenta que, aunque México cuenta con leyes penales y protocolos en materia de violencia laboral y de género, la ausencia de regulación administrativa ha dificultado sancionar de forma oportuna a los funcionarios responsables.

Jorge Soto agregó que el documento advierte que estas prácticas generan afectaciones físicas, emocionales y económicas, además de deteriorar el ambiente de trabajo y minar la confianza en las instituciones.

“No basta con ser éticos; debemos garantizar que el Estado no sea cómplice del abuso. Esta reforma es un paso más hacia un servicio público con integridad y con respeto a la dignidad de las personas”, enfatizó Soto.