Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó a los gobiernos federal y estatal otorgar protección especial a los jesuitas asentados en la misión tarahumara de Cerocahui, tras determinar que han sido víctimas de amenazas de muerte y agresiones, por parte del crimen organizado.

La resolución 2/2023 solicita “medidas cautelares para 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, en la sierra Tarahumara, municipio de Chihuahua”.

Ello, luego de que el 20 de junio de 2022 fueran asesinados los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar al interior de su iglesia en esta comunidad por José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, sin que hasta ahora ese sujeto u otros presuntos responsables hayan sido detenidos.

Este grupo mantiene una violencia permanente en Urique y, de acuerdo con la resolución de la CIDH, no ha cesado, a pesar de las declaraciones de los gobiernos estatal y federal, de que hay seguridad en dicha zona.

El organismo internacional consideró que los jesuitas “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

La CIDH da a conocer en un comunicado, “por su parte, el Estado informó sobre el refuerzo de las medidas de seguridad en la región de Chihuahua; el establecimiento de una Base de Operaciones Interinstitucionales con enfoque multicultural, la instalación en Choreachi de una subsede del Ministerio Público; las medidas adoptadas en el marco del Plan de Atención Integral; las reuniones con representantes para medidas de seguridad”.

No obstante, el documento reconoce que dichas medidas no han sido de todo efectivas, por “las dificultades geográficas que se presentarían al momento de implementar medidas de seguridad más inmediatas”.

Sin embargo, reclamaron que “no se estaría implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger” a los 11 jesuitas.