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La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, celebró la aprobación de la despenalización del aborto y aseguró que es un acto de justicia que fortalece los derechos de las mujeres y la libertad de decidir sobre su cuerpo.

“Hoy queda claro que el Código Penal de Chihuahua atentaba contra el derecho a la igualdad y a salud. Castigar por abortar era un mecanismo de violencia de género que reforzaba los estereotipos. Quien defendía el castigar a la mujer por abortar, en el fondo lo hace porque considera a la maternidad como destino obligatorio para nosotras”, indicó la legisladora.

Argüelles Díaz, apuntó que la Corte como resultado de la solicitud formulada por su Primera Sala, emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad de los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que preveían el delito de aborto voluntario.

Esto derivó de un amparo resuelto el año pasado en el que la Corte procedió a notificar a este Congreso, para que en el plazo de 90 días supera el problema de inconstitucionalidad. El plazo aludido transcurrió sin que el problema de inconstitucionalidad fuera superado, motivo por el cual el Pleno determinó que los preceptos debían invalidarse con efectos generales.

Al tratarse de la materia penal, los efectos de la resolución serán retroactivos a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones invalidadas, en beneficio de las mujeres y personas gestantes que estén siendo investigadas, procesadas o que hayan sido condenadas por este delito.

Ante la diputación permanente, precisó que la tipificación del delito en Chihuahua y en ninguna parte del mundo, fue eficaz para impedir que las mujeres o las personas con capacidad de gestar abortaran.

“Lo único que hizo la penalización del aborto fue poner en riesgo a miles de mujeres, especialmente a las más vulnerables, las que viven en pobreza, las que habitan en regiones rurales, las que carecen de acceso a servicios médicos seguros y adecuados”, enfatizó.

Durante su posicionamiento afirmó que una de cada cuatro mujeres sometidas a un aborto inseguro desarrolla una incapacidad temporal o permanente que requiere atención médica. Sin embargo, muchas de ellas no acuden a los servicios de salud, ya sea porque consideran que la complicación no es algo serio, porque carecen de los medios económicos necesarios o porque temen al abuso, al maltrato o a una represalia legal. Así, los principales costos fisiológicos, financieros y emocionales son acarreados por las mujeres que sufren un aborto inseguro.

“La legalización del aborto es una medida de equidad, porque nos permite a todas las mujeres, independientemente de nuestra clase social o lugar de residencia, decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Es una cuestión de salud, de derechos, de justicia y de igualdad”, abundó.

Por último, reconoció este logro a activistas y colectivas de Aborto Seguro, Marea Verde, Morrxs Autónomxs, Cheros y Abortistas mx, que no se rindieron hasta que la despenalización del aborto fuera una realidad en el estado.