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En Coparmex Chihuahua manifestamos nuestra profunda preocupación ante dos reformas aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión, ambas de enorme impacto social y económico, impulsadas en un periodo extraordinario con mínima discusión pública y aprovechando un contexto de tensión internacional y distracción nacional.

Nos referimos a la eliminación del Coneval y la reforma al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, que impone nuevos candados a los retiros por desempleo en las Afores.

En ambos casos se vulnera el principio de gobernanza basada en evidencia, se debilitan las instituciones autónomas y se afectan de forma directa los derechos de millones de personas, especialmente los más vulnerables.

La desaparición del Coneval constituye un grave retroceso. Este organismo era una brújula técnica, imparcial y reconocida internacionalmente, que permitía evaluar con objetividad las políticas sociales del Estado.

Su eliminación —sin una transición legal clara, sin preservar su independencia ni su estructura técnica— mina la confianza pública y desmantela una de las pocas herramientas confiables para medir pobreza con criterios verificables y no con discursos.

Por otro lado, la reforma al artículo 191, que restringe el acceso al retiro por desempleo en las Afores, si bien parte de la necesidad legítima de frenar fraudes, castiga a trabajadores jóvenes, informales o con trayectorias intermitentes, quienes más requieren apoyo en tiempos de vulnerabilidad. México sigue sin contar con un seguro de desempleo formal, y recurrir al ahorro pensionario como único recurso es un síntoma del abandono estructural en esta materia.

Desde COPARMEX Chihuahua exigimos con firmeza:

1. Que se garantice la autonomía técnica y operativa de quien asuma las funciones del Coneval, con presupuesto y mecanismos legales adecuados.
2. Que se construya un seguro de desempleo sólido y accesible, sin seguir debilitando el ahorro pensionario de los trabajadores.
3. Que se legisle con evidencia, diálogo y participación. No en lo oscuro, no en tiempos legislativos oportunistas, no sin escuchar a quienes serán directamente afectados.
México no puede permitirse reformas improvisadas que responden más a intereses políticos que a soluciones de fondo. Desde el sector empresarial responsable, reiteramos: sin evidencia, sin transparencia y sin instituciones sólidas, no hay desarrollo que se sostenga.