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El fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela, calificó como una “aberración jurídica sin precedentes” la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al considerar que dicha determinación busca trasladar una investigación de alto perfil al ámbito federal y genera un precedente negativo para el sistema de justicia.

El funcionario señaló que la resolución no solo impacta el caso en cuestión, sino que “trastoca todo el Sistema Nacional Anticorrupción”, al advertir que los magistrados incurrieron en confusiones sobre conceptos legales básicos, como la diferencia entre aportaciones y participaciones federales, así como en la interpretación de disposiciones jurídicas aplicables.

Valenzuela sostuvo que la carpeta relacionada con el presunto desvío de 98.6 millones de pesos permanece en el estado de Chihuahua, y que la investigación se encuentra respaldada por órdenes de aprehensión, fichas rojas, alertas migratorias y el aseguramiento de bienes inmuebles y cuentas, por lo que aseguró que se defenderá la competencia estatal en el proceso.

Asimismo, advirtió que el criterio adoptado por el tribunal podría poner en riesgo investigaciones pasadas, presentes y futuras, por lo que informó que ya se presentó una queja ante el Tribunal Federal de Disciplina y que se agotarán todas las instancias legales, sin descartar acudir a la Suprema Corte o a instancias internacionales para defender a la ciudadanía chihuahuense.