En 2023, Paraguay enfrenta una crisis preocupante relacionada con el abuso sexual infantil y adolescente. La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Cdia) informó que el país registra un promedio escalofriante de una víctima cada dos horas, según datos del Ministerio Público.
Este año, se han documentado 4 mil 84 casos de abuso sexual contra menores, reflejando la gravedad del problema.
El problema no se limita únicamente al abuso sexual. El embarazo infantil y adolescente continúa siendo una crisis devastadora.
En el último año, 11 mil 102 niñas y adolescentes dieron a luz, incluyendo 405 menores de entre 10 y 14 años. Estas cifras exponen la vulnerabilidad de las jóvenes en Paraguay y la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir estos casos.
Además, la Cdia resaltó las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como otro grave problema que afecta a los menores. En 2023, se registraron 2 mil 590 consultas relacionadas con ITS entre jóvenes de 0 a 17 años, de las cuales el 11.6 por ciento estaban vinculadas al VIH.
Estas estadísticas reflejan fallas significativas en el sistema de protección y prevención, incluyendo la falta de acceso a información adecuada y la ausencia de servicios de salud amigables para los jóvenes.
La educación integral en sexualidad se presenta como una herramienta esencial para prevenir estos delitos. La Cdia subrayó la importancia de proporcionar a niños, adolescentes y sus familias la información necesaria para identificar y evitar entornos abusivos.
En las últimas semanas, una serie de casos de abuso sexual infantil han conmocionado a Paraguay. Entre ellos, el fallecimiento de una niña de 16 meses en Coronel Bogado, Itapúa, a finales de agosto, y otros incidentes que involucran a menores de tres y once años en diferentes regiones del país.
Estos casos han aumentado la preocupación por la seguridad de los menores y han evidenciado la necesidad urgente de reforzar las medidas de protección en el país.
Abuso sexual infanti en América Latina: una crisis silenciosa
El abuso sexual hacia niños y adolescentes es una problemática alarmante en América Latina, afectando a millones de menores en la región. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cinco niñas y uno de cada trece niños en el mundo han sufrido algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años, cifras que se agravan en contextos de vulnerabilidad como los que prevalecen en varios países latinoamericanos.
En países como México, un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en 2021 se registraron más de 19 mil denuncias de delitos sexuales contra menores de edad, de las cuales un 80 por ciento correspondieron a niñas y adolescentes. En Brasil, el panorama no es menos preocupante.
De acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2022 se reportaron más de 45 mil casos de abuso sexual infantil, lo que representa un promedio de 123 casos diarios.
La falta de acceso a la justicia y la estigmatización de las víctimas son factores que perpetúan este ciclo de violencia en la región. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil no se denuncian, debido al miedo, la vergüenza y la normalización de la violencia.
Esto deja a miles de niños y adolescentes sin la protección necesaria y perpetúa un círculo de impunidad.
Además, la violencia sexual está estrechamente relacionada con el embarazo adolescente, otro grave problema en América Latina. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la región tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo, con 66 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años.
Muchos de estos embarazos son consecuencia directa del abuso sexual, especialmente en contextos donde las menores carecen de acceso a la educación sexual y a servicios de salud reproductiva.
Frente a esta realidad, es imperativo que los gobiernos latinoamericanos refuercen las políticas de protección infantil, garantizando el acceso a la justicia, la educación sexual integral y la atención psicológica para las víctimas.