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Con el objeto de prohibir el cobro de reposición de plástico por las instituciones financieras, para los usuarios que han tenido un robo o extorsión como excepción de pago acreditando el delito con documento correspondiente, el diputado Francisco Adrián Castillo Morales (Morena) impulsa una iniciativa.

El documento, que adiciona el artículo 8 Ter de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, precisa que las instituciones financieras que incumplan lo dispuesto en el presente artículo, se harán acreedoras a las sanciones que establece esta ley.

Castillo Morales considera importante analizar y reformar el marco jurídico para beneficio de los usuarios, una vez que existan situaciones ajenas y por inseguridad en la cancelación de plástico y posteriormente solicitar una reposición, por mencionar los cobros.

Relata que, ante cualquier conducta delictiva o situación de extravió, no debería existir el pago por adquirir nuevamente el plástico que resguarda el dinero del particular quien, con confianza y seguridad, pertenece a algún banco de su preferencia.

En los robos a transeúntes, casa habitación, transporte público o a institución bancaria puede estar implicado el robo de tarjetas de créditos o débito, que requieren su reposición, añade.

El diputado de Morena recuerda que la extorsión es una situación en la que un individuo es presionado u obligado a través de la violencia o la coacción, a llevar a cabo una determinada acción (o inacción), con el propósito de obtener un beneficio material o de otra naturaleza.

Las comisiones de una tarjeta de crédito son los cargos que realiza un banco por la prestación de servicios diversos o por penalizaciones derivados de su uso, más allá del pago de la tasa de interés del crédito otorgado, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Además, existen ciertas comisiones bancarias de las que se mencionan en determinado momento los contratos ante los bancos, como son: por anualidad, disposición en efectivo e inactividad; por ello, se debe reformar la normatividad para apoyar a los usuarios de los bancos.

El documento será analizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.