Surge una acción para fortalecer la seguridad territorial, estrechamente alineada con el logro de los objetivos de conservación ambiental y cambio climático.
Líderes indígenas, representantes gubernamentales y expertos legales se reúnen en Brasilia el 7 y 8 de abril para presentar avances concretos en la titulación de tierras indígenas en Brasil, Perú, Guatemala y Argentina, frente a los continuos desafíos históricos y políticos. Los recientes esfuerzos realizados en estos cuatro países han avanzado en la titulación legal de casi 1,5 millones de hectáreas de tierras indígenas.
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Organizada por el Indian Law Resource Center (ILRC), la conferencia abordará la apremiante cuestión de la seguridad territorial de las tierras indígenas en América del Sur y Central, y México, como pilar de la justicia social y la preservación del medio ambiente. Esto es parte de la Iniciativa de Tierras Indígenas (Proyecto ILI), un proyecto llevado a cabo por el ILRC en asociación con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) y la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
El proyecto ILI está navegando por marcos jurídicos complejos y cambiantes para asegurar los títulos de propiedad sobre la tierra en cuatro países, y aún quedan más por venir. Los Pueblos Indígenas están impulsando el proceso, actuando en primera línea como técnicos, abogados, promotores y defensores de la tierra.
Los derechos territoriales indígenas, una solución climática sin explotar
Numerosas investigaciones demuestran que los Pueblos Indígenas son protectores del planeta; su administración de la tierra está vinculada a la mejora de la biodiversidad, la reducción de la deforestación y la prevención del cambio climático. Este mismo mes, una nueva evaluación ha hecho ocho recomendaciones a los gobiernos para avanzar en la protección de los bosques. Una de ellas es garantizar los derechos territoriales indígenas.
Sin embargo, muchas comunidades indígenas de México, América Central y del Sur carecen de derechos colectivos seguros sobre la tierra, lo que las hace más vulnerables a las invasiones ilegales, la tala de árboles, la minería, el narcotráfico y las actividades comerciales destructivas.
La titulación de tierras es un método asequible para que los países muestren su compromiso y actúen en favor de los objetivos climáticos, especialmente con iniciativas de financiación climática como el Fondo para Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), que se lanzará en la COP30. Sin embargo, según las investigaciones, muchos países se limitan a hablar y no cumplen sus compromisos.
A pesar de la abrumadora evidencia del rol de los pueblos indígenas en la protección de la Amazonia y otros importantes biomas — que resaltan que son parte de la solución, no del problema — los Pueblos Indígenas siguen estando asediados por los invasores de tierras.
Le invitamos a entrevistar a líderes y abogados indígenas sobre temas como:
Los desafíos que enfrentan los Pueblos Indígenas para garantizar la propiedad de sus tierras.
El impacto de la titulación en la protección del medio ambiente y la lucha contra actividades ilegales, como la deforestación y la minería ilegal.
Criminalización y riesgos a los que se enfrentan los defensores de los derechos de los indígenas.
El rol fundamental de las organizaciones indígenas en la formulación de políticas públicas y sus acciones en las comunidades.
Estrategias innovadoras para acelerar la titulación de territorios indígenas
Conferencia anual del ILRC
Fecha: 7 y 8 de abril de 2025
Horario: de 9:00 am a 03:30 pm el 7 de abril; de 9:00 am a 01:00 pm el 8 de abril.
Lugar: Hotel Brasil 21 Suites Affiliated by Meliá, SHS Quadra 06, Conjunto A, Lote 01, Bloco F – Asa Sul, Brasília – DF, Brasil.
Se requiere confirmación de asistencia: jeck@indianlaw.org o +1 406 461 1754 (WhatsApp)
Agenda: Disponible previa solicitud; algunas sesiones son a puerta cerrada.
Disponible para entrevistas:
Leonardo A. Crippa (Argentina) es miembro del Pueblo Kolla de Jujuy, Argentina, y es Abogado Senior en el Centro de Recursos de Juridicos para los Pueblos Indígenas (ILRC) en Washington, D.C.. Es director del proyecto de titulación de tierras indígenas del Centro: la Iniciativa de Tierras Indígenas (Proyecto ILI). Cuenta con dos décadas de experiencia en litigios y defensa de políticas, especializado en cuestiones jurídicas que surgen en la intersección de la gobernanza medioambiental y social (ESG) y los derechos de los Pueblos Indígenas. Es el abogado principal en todos los casos del ILRC ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
César Iván Arjona (Argentina) es un destacado líder indígena de Atacama en Argentina. Es miembro de la Comunidad Atacama Raíces Andinas, una de las once comunidades que componen colectivamente la Red del Pueblo de Atacama (Red Atacama) en Salta, Argentina. Estas comunidades, junto con otras comunidades Kolla de Jujuy (Argentina), habitan el Salar de Salinas Grandes, en el norte de Argentina. Sus tierras comprenden una zona que forma parte de lo que se conoce como el «triángulo del litio», una región transfronteriza entre Argentina, Bolivia y Chile que constituye la mayor reserva de litio del mundo.
Maria Judite Da Silva Ballerio (Brasil) es una abogada indígena Guajajara de la Aldea Ypaw My’ym de la Tierra Indígena Araribóia en Brasil. Tiene amplia experiencia en el sector de la función pública, en la defensa de los derechos humanos, en particular de los Pueblos Indígenas, y actualmente es asesora jurídica de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB) y de la Coordinadora de Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de Maranhão (COAPIMA). Anteriormente fue Secretaria de Estado Adjunta de la Mujer en Maranhão y trabajó como asesora parlamentaria de la primera diputada indígena de Brasil, Joenia Wapichana.
Roberto Estuardo Morales Gómez (Guatemala) abogado con amplia experiencia en derecho registral. Actualmente es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Anteriormente se ha desempeñado en el sector público en diversos cargos, entre ellos como Subdirector General del Ministerio de Energía y Minas de Hidrocarburos (1995-1998), como Coordinador del Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos de la Secretaría de Asuntos Agrarios del Organismo Ejecutivo de la Presidencia (2005-2007), y como Procurador de la Fiscalía (2010-2012).
Aumento de acciones para garantizar los derechos sobre la tierra de casi 1,5 millones de hectáreas
El Indian Law Resource Center (ILRC), en colaboración con la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), lidera el Proyecto Iniciativa Tierras Indígenas (Proyecto ITI).
El Proyecto ITI está trabajando en la obtención de títulos de propiedad sobre la tierra en cuatro países, navegando por marcos jurídicos complejos y cambiantes para aumentar la titulación de tierras. Los pueblos indígenas están impulsando el proceso, actuando en primera línea como técnicos, abogados y defensores de la tierra.
Aunque el proyecto se ampliará en los próximos años, la Iniciativa de las Tierras Indígenas (Proyecto ILI) se centra actualmente en proyectos piloto en cuatro países: Perú, Brasil, Argentina y Guatemala.
PERÚ:
Perú es un ejemplo de éxito en la titulación de tierras. La labor de titulación de tierras en el marco del Proyecto ITI se inició en la Amazonía peruana en mayo de 2023. En los dos primeros años del proyecto, en colaboración con AIDESEP, una organización indígena regional que representa a la Amazonía peruana, el Proyecto ILI ha ayudado a 36 comunidades indígenas en procesos de titulación de tierras. Estas comunidades abarcan más de 300.000 hectáreas de la Amazonía peruana.
BRASIL:
El proyecto ILI en Brasil ha resultado especialmente complejo porque los Pueblos Indígenas de la región han sido expulsados de sus territorios ancestrales debido a las amenazas de mineros ilegales, madereros y acaparadores de tierras. En colaboración con la COIAB, el proyecto ITI se centra tanto en ayudar a las comunidades a obtener seguridad jurídica sobre sus tierras como en reconstruir las comunidades indígenas. El personal del ILRC está formando a abogados en Brasil para que emprendan acciones legales con el fin de impugnar y mejorar las leyes y políticas que restringen o impiden los derechos de propiedad de las tierras indígenas. Los miembros de la comunidad también están recibiendo formación sobre el uso de drones para vigilar las vastas franjas de tierra dentro de sus territorios. En el marco del proyecto ILI, casi un millón de hectáreas de la Amazonia brasileña se están titulando bajo propiedad indígena.
ARGENTINA:
En Argentina, el Proyecto ILI se centra en ayudar a la Red Atacama (una red de once comunidades indígenas de Atacama) a solicitar un título único y colectivo sobre sus tierras. Estas comunidades habitan más de 159.000 hectáreas de tierras en el «triángulo del litio», una zona transfronteriza entre Argentina, Bolivia y Chile, que constituye la mayor reserva de litio del mundo. Las empresas mineras están ejerciendo una enorme presión para acceder sin trabas a los yacimientos de litio de las tierras de Atacama.
El personal del ILI está formando a líderes comunitarios en cartografía, georreferenciación, elaboración de mapas y recogida de datos sobre el terreno para que puedan liderar la labor de garantizar sus propios derechos sobre la tierra. El resultado final será un mapa de los territorios de Atacama, que se utilizará en los tribunales para defender los derechos colectivos sobre la tierra del pueblo Atacameño.
GUATEMALA:
En Guatemala, el Proyecto ILI se ha centrado en gran medida en las reformas legales y políticas para hacer accesible la titulación colectiva de tierras a más de seis millones de indígenas guatemaltecos. Leo Crippa, abogado principal del ILRC, defendió el caso «Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente vs. Guatemala» ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte falló a favor de los argumentos de Crippa, ordenando al Estado adoptar leyes que reconozcan el derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus tierras. Ahora, el Indian Law Resource Center (ILRC) está centrado en la aplicación en curso de la decisión de la Corte.
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