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La Fiscalía General del Estado actualizó el curso de las investigaciones por el asesinato de la activista Gloria Cañez Chávez, activista por los derechos indígenas en Balleza, de 63 años, y su hija Sally Gladys Avella Cáñez, de 23. Según dio a conocer, de momento se trabaja en la búsqueda de otros cuatro responsables.
Durante una rueda de prensa llevada a cabo éste lunes 18 de diciembre, el titular de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado, informó que se encuentra pendiente una orden de arresto por ejecutar y que se trabaja en la identificación de otras tres personas involucradas.
Esas cuatro personas —se presume— habrían acompañado a Ramón M. C., de 61 años, uno de los victimarios que fue detenido el martes 12 de diciembre en una casa de la colonia Fátima, municipio de Parral. En grupo, todos ellos sacaron de forma violenta a Gloria y Sally de su casa en la comunidad de La Yerbabuena, municipio de Balleza, cerca de las 20:00 horas, y les dispararon cincuenta y un veces con balas de calibres 223, 7.62×39 y 40 milímetros.
Portillo Coronado confirmó lo que hace una semana declaró el fiscal general César Jáuregui Moreno: el homicidio se debe a un conflicto forestal. En particular, se trata de la disputa por una mesa directiva en La Yerbabuena. Reveló, además, que Ramón se habría desempeñado como el principal involucrado en lo sucedido, razón por la cual le dictaron prisión preventiva mientras se integran en las indagatorias pruebas para acreditar su participación.
Una larga lucha
Cañez Chávez luchó treinta años por los derechos de los indígenas. Y la hija le acompañó y ayudó en su causa. Con el emblema de «legítimo territorio rarámuri», luchaba por otorgarle a las comunidades indígenas de la Sierra la tenencia de las tierras que, a su juicio, les pertenecían por antigüedad, de modo que combatía la tala clandestina mediante el recurso legal de la adquisición de permisos.
Logró, de tal manera, que el Tribunal Agrario reconociera la existencia de la comunidad de La Yerbabuena y la facultara para aprovechar los recursos de madera de la región. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) reveló que para el 12 de septiembre, tres días antes del homicidio, habría tenido lugar «una Asamblea General para nombrar una autoridad formal». Sin embargo, ésta no se pudo concretar por lo sucedido. Y, mientras tanto, los habitantes de Balleza reciben amenazas constantes.
Ese mismo mes, el día 26, a dos testigos presenciales del asesinato, Isidro Cruz Bustillos y su hijo Eduardo Cruz Cruz, los mataron para evitar que rindieran declaraciones sobre los involucrados. Gabino Gómez, del CEDEHM, reveló que ambas víctimas fueron interceptadas por un grupo delincuencial cuando se dirigían a Chihuahua capital para ofrecer su testimonio a las autoridades. Fueron apuñalados repetidas veces en el cuello y abandonados en un río que cruza por Satevó, donde elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) los hallaron.
El esposo de Cañez, Rubén Avella Molina, también fue asesinado en 2012 en la comunidad de La Casita. Lo atacaron a balazos mientras conducía hacia Parral. Antes de morir debido a las heridas, llamó a Cañez para anunciarle de su agresión y despedirse de ella.
