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Chihuahua, Chih.- El Gobierno del estado, por medio de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría General de Gobierno, atendieron y brindaron seguimiento y certidumbre a los afectados del caso ARAS para la judicialización de las más de 3 mil denuncias interpuestas en dicho caso.
En seguimiento al caso Aras, el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte; en compañía de Francisco Sáenz, representante de la Secretaría General de Gobierno, recibieron a representantes de la resistencia civil quienes fueron afectados por la empresa ARAS y en diálogo directo, el Fiscal General reiteró que se trabaja en la generación de información que se requiere para poder judicializar las carpetas de investigación.
Fierro Duarte, reiteró que desde la FGE se atienden las 3 mil 800 denuncias interpuestas en contra de esta empresa y se trabaja en la integración de bloques de carpetas de investigación para poder así, dar paso a las audiencias masivas.
Dijo que el Gobierno del Estado tiene puertas abiertas para brindar apoyo y certeza a quienes se hayan visto afectados por esta empresa, además de que el CEO de la misma es buscado a través de la INTERPOL, a quien se busca detener para poder impartir la justicia necesaria.
El titular de la Fiscalía hizo énfasis en que la situación del CEO de ARAS ya existe un oficio dirigido al departamento de Estado de los Estados Unidos para lograr una deportación controlada; asimismo, refrendó su compromiso con los afectados a quienes brindó su apoyo para que sean integrados en todos los bloques de investigación y aseguró que ya se solicitó la primera fecha para comenzar con las audiencias masivas.
Por su parte, Francisco Sáenz, en representación del secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, declaró: “La indicación de la Gobernadora es generar las condiciones para el seguimiento al caso, sin divisiones”.
Asimismo, aseguró que la obligación del Gobierno del Estado es atender y crear una sinergia para la comunicación y eliminar las diferencias para así lograr una confianza mutua entre los afectados y el Gobierno del Estado.
Finalmente, se acordó dar celeridad a la integración de las carpetas de investigación para poder engranar y sacar provecho para los afectados e ir de la mano, puesto que el compromiso es el cómo sí judicializar el caso, a través de la coordinación entre el Gobierno del Estado y los afectados.
