El ultraderechista, de 70 años, está desde principios de agosto en prisión domiciliaria preventiva, en su residencia en Brasilia, decretada por Moraes al considerar que el expresidente incumplió una prohibición de manifestarse en redes sociales.
El juez respondió a una solicitud de la fiscalía brasileña, que el lunes llamó a aumentar la vigilancia policial del exmandatario.
En su decisión el juez señaló que existe la «posibilidad de un riesgo de fuga» de Bolsonaro para «evadir la ley», especialmente ante la proximidad del fallo en la corte suprema, fijado para entre el 2 y el 12 de septiembre.
La semana pasada, la Policía Federal dijo en un informe que Bolsonaro planeó pedir asilo político en 2024 al presidente de Argentina, Javier Milei, según un borrador del documento en el que alegaba «una persecución política en Brasil»
La defensa del mandatario acusó a la policía de buscar «desmoralizarlo».
La fuerza también recomendó inculpar al exmandatario por un presunto intento de obstruir el proceso judicial en su contra.
Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable en el juicio por golpismo.
El proceso judicial contra Bolsonaro se enmarca en las investigaciones abiertas tras el asalto del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de sus seguidores invadieron las sedes de los tres poderes del Estado.
La Fiscalía sostiene que el expresidente alentó el ambiente de desinformación y deslegitimación de los resultados electorales que derivaron en los disturbios, considerados por la corte como un intento de golpe de Estado.
En paralelo, Bolsonaro enfrenta otros procesos por presunta falsificación de certificados de vacunación contra el covid-19, así como por la apropiación irregular de joyas de alto valor recibidas como regalos oficiales durante su gobierno.
Estos casos refuerzan la percepción de que el exmandatario está cada vez más acorralado judicialmente, aunque él mantiene que todo responde a una “persecución política” impulsada por sus adversarios.
La tensión política en Brasil ha aumentado en la medida en que los seguidores más radicales de Bolsonaro ven en el juicio un intento de inhabilitarlo de manera definitiva.
Analistas consideran que la estrategia de la defensa busca prolongar los procesos para mantener viva la figura del expresidente de cara a las elecciones municipales de 2026, mientras que el gobierno de Lula intenta cerrar el capítulo bolsonarista consolidando el Estado de derecho.
