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CHIHUAHUA.- El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, aseguró que las autoridades respetarán la audiencia inicial contra el exfiscal de Derechos Humanos Francisco González Arredondo, arrestado por el presunto delito de tortura psicológica contra una víctima de identidad reservada.
Según el comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), el exfuncionario fue detenido este lunes en Delicias por, entre 2017 y 2018, cuando ejercía como agente del Ministerio Público, «ejercer tratos crueles, inhumanos y degradantes» contra una persona, quien o denunció en 2018 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
González Arredondo, por consiguiente, fue encerrado en el Centro de Readaptación Social (CERESO) número 1, en Aquiles Serdán, mientras se lleva a cabo su procedimiento penal, iniciado a las 9 de la mañana de este martes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Al respecto, Jáuregui Moreno mencionó: «El gobierno debe de ser respetuoso de ese tipo de procedimientos y no emitir opiniones en casos de este tipo. […] Esa persona enfrenta acusaciones que la Fiscalía calificó como delitos. Y es lo que estamos viendo: un procedimiento en donde hay todas las garantías para todo mundo, para el Ministerio Público, para la defensa del afectado, etcétera».
Asimismo, Jáuregui Moreno mencionó que, en su momento, el titular de la FGE, Roberto Fierro Duarte, dará a conocer a profundidad los detalles del proceso. Mientras tanto, remarcó, habrá de esperarse la resolución del poder judicial.
Para investigar la corrupción y los desvíos de recursos cometidos durante el mandato de César Duarte, el exgobernador Javier Corral Jurado anunció en 2016 la Operación Justicia para Chihuahua, integrada por un equipo de personal especializado entre los cuales figuraba González Arredondo como principal perito.
En medio de la Operación fueron detenidos más de 15 funcionarios; de ellos, algunos denunciaron que, en medio de los interrogatorios, fueron sometidos a tortura en la antigua Casa de Gobierno por parte de los entonces trabajadores de la FGE. Y en 2018 se le designó como fiscal de Derechos Humanos, cargo al que desistió en 2021 con la llegada del nuevo gobierno.
