Son ya muchos los mensajes que llegan a Palacio Nacional procedentes de Estados Unidos, en especial los que se refieren a seguridad y narcos y lo relativo a lo electoral. En ambos casos se habla de acciones directas porque simplemente al ganso de Macuspana lo acusan de no hacer lo necesario para contener al crimen y por el otro que atenta contra la democracia. Para colmo matan, hieren y secuestran a cuatro estadunidenses en Matamoros, Tamaulipas
En lo de seguridad son muchas las señales o “abrazos” de la cercanía o simpatía del mesías tropical al menos por uno de los grupos criminales que curiosamente está señalado por ser el origen del mayor suministro de fentanilo a la Unión Americana, además de ser “viajero frecuente” a tierras del Chapo o del señor Joaquín Guzmán Loera como diría el propio ganso.
Respecto a lo electoral, los mensajes son tan claros como contundentes de la Casa Blanca y del propio Congreso estadunidense quienes manifiestan de diversas formas su preocupación por los efectos que tendría el Plan B del profeta cuatrotero a la democracia.
A ello habrían de agregarse las presiones, ofensas, acusaciones e infundios lanzados desde el púlpito mañanero contra jueces, magistrados y en especial de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Lucía Piña Hernández a quien desde la oscuridad cobarde del anonimato le llegan amenazas de muerte simplemente por proclamar la independencia del poder Judicial y exigir respeto al Ejecutivo.
Pero el hecho de que el exfiscal de Estados Unidos durante la administración de su “amigo” Donald Trump señale que durante la administración del caudillo de Tepetitán los “cárteles mexicanos han florecido” afirmando que “el facilitador en jefe de los cárteles es el presidente López Obrador”.
Y para colmo en su comentario el señor Barr apunta que fue el “presidente Felipe Calderón que se fue con todo contra los cárteles” mención que seguramente le pegó abajo del abdomen al machuchón tabasqueño. Y peor cuando sostuvo que la única solución a la crisis del fentanilo es otorgar al presidente Joe Biden autoridad para utilizar al ejército estadunidense contra los grupos delincuenciales mexicanos.
De hecho, el exfiscal de Trump se convirtió en vocero de diversos congresistas quienes plantearon esa posibilidad desde enero pasado y aunque se escuchó en México, en Palacio Nacional la tomaron a la ligera, incluso hubo quien se rasgó las vestiduras exigiendo respeto a la soberanía y burlándose de los legisladores del país vecino. Ricardo Monreal los llamó “injerencistas” pero no califica los dichos del ganso respecto a Perú.
Por lo contrario, los reclamos no se deben desestimar ni tampoco las veladas acusaciones que incluso a nivel nacional se comenta acerca de la complaciente y “respetuosa” relación de las políticas públicas en seguridad que incluye respetar los derechos humanos de los criminales, saludar a sus familiares, buscar la repatriación de alguno de ellos para que compurgue su condena acá y hasta negar la extradición de otros otorgándoles amparos a pesar de las peticiones que llegan al país.
Como quedó registrado en comentario anteriores, en Estados Unidos “llevan su cuentecita” a la administración de la 4T, todo lo registran incluyendo las giras para saludar afectuosamente a parientes de narcos, la relación de políticos morenos de alto nivel como Mario Delgado con delincuentes, el financiamiento de estos a campañas política en favor de candidatos de la 4T, así como la participación de los cárteles de manera directa en procesos electorales.
Esto último detalle, la intromisión directa del crimen en elecciones a través de amenazas, secuestros, asesinatos, robo de ánforas, imposición de candidatos y coacción del voto, es tal vez lo que ha hecho que el Departamento de Estado de Estados Unidos y su Congreso, pongan mayor atención en las reformas que en materia electoral realiza el profeta cuatrotero y que definirán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si proceden o no.
Democracia y criminalidad parecen estar ligadas por vínculos que llegan desde lo más alto del poder político y fáctico, eso tampoco pasa desapercibido, independientemente de que, allende la frontera norte, estén atentos a la ruta de México, que seguramente no permitirían camine hacia una dictadura.
El camino fácil para todos los cambios –negativos- es el pretexto de la corrupción, es lo más atractivo. Acusar a los de antes y quienes defienden las instituciones se estar podridos, incluyendo instituciones como el INE o la UNAM, decir que pertenecen a la derecha, que sirven a intereses de la oligarquía, pero quien lo cree, olvida que la actual oligarquía la integran los de la 4T, ellos tienen el poder y el dinero a lo cual suman violaciones permanentes a la ley, el desafío a los jueces y desde luego, se apoyan en la gran impunidad que se prodiga desde el Zócalo de la Ciudad de México.
Si los de atrás fueron corruptos, que cumpla el ganso su promesa de meterlos a la cárcel. Sólo hay uno confeso por recibir “embutes” de fuera del país. Se dijo que los expresidentes, que el NAIM, que la estafa maestra, pero nada se ha probado.
En cambio, sí hay pruebas, videos, grabaciones y documentos que acusan a hermanos, hijos y familiares del Peje, colaboradores, operadores y amigos lo mismo con sobres de dinero que en depósitos bancarios de recursos de inexplicable procedencia. A ellos, nada les pasará porque “son diferentes” pero peores.