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La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha sancionado a un funcionario estatal, identificado nada más con las iniciales A. B. G. V., por conflicto de interés y abuso de funciones. Las investigaciones establecen que, en 2020, en plena emergencia sanitaria por el coronavirus, él usó una parte de los fondos del Plan Emergente de Apoyo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas por la pandemia, del cual era encargado. Instruyó varios pagos, un total de $67 mil 260, en beneficio de una empresa en la que él y sus familiares son socios.
La irregularidad fue detectada durante una auditoría el ejercicio 2020 del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (FIDEAPECH). Según el Informe Individual de la Auditoría Forense, él validó la documentación de sus parientes, los autorizó como beneficiarios y ordenó la entrega del recurso a su padre y a una empresa en la que su padre, su hermano y él fungen como socios.
A modo de justificación, el servidor público detalló que su actuación tuvo lugar en medio de una emergencia, de una carga excesiva de trabajo ante las altas demandas del FIDEAPECH durante la pandemia. En sus palabras, el Gobierno del Estado le pidió utilizar así el presupuesto, de forma progresiva, según lo necesitara el proceso, e incluir a personal de diferentes áreas laborales.
No obstante, el Órgano Fiscalizador consideró que su declaración no posee argumentos ni suficientes, ni válidos para sustentar las faltas administrativas. El pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) votó por unanimidad la existencia de responsabilidad de él, por lo cual le dictó una sanción económica por $67 mil 260 y lo inhabilitó del servicio público por diez años.
