Un fuerte ataque suicida estremeció el centro de Islamabad, dejando múltiples víctimas y provocando una ola inmediata de temor en la población civil.
El estallido ocurrió frente a un edificio judicial, una zona habitualmente repleta de ciudadanos, funcionarios y agentes de seguridad.
Las autoridades señalaron que el ataque es parte de una escalada militante que se ha intensificado en los últimos meses.
El gobierno declaró que el país se encuentra virtualmente en “estado de guerra”, aumentando la presión sobre grupos insurgentes.
Altos funcionarios acusaron a redes terroristas con presunto apoyo extranjero, lo que encendió tensiones diplomáticas con países vecinos.
La posibilidad de operaciones militares más allá de sus fronteras se mencionó por primera vez de manera abierta y directa.
La población, antes relativamente segura en la capital, ahora enfrenta un clima de incertidumbre y ansiedad creciente.
Analistas consideran que este ataque no es un hecho aislado, sino parte de un repunte sostenido de violencia en zonas estratégicas.
El impacto político podría ser profundo, afectando relaciones exteriores, políticas de defensa y estabilidad institucional.
Pakistán se enfrenta así a uno de los momentos más delicados de su seguridad interna en la última década.
