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Elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución llevaron a cabo un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Unidad Nacional, en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.

La acción se realizó bajo una orden judicial en el marco de investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto, derivados de la confrontación entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

​Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversas evidencias que apuntan a la posible vinculación del inmueble —una casa deshabitada en la que se blindaban vehículos de manera artesanal para su uso en actividades del crimen organizado— con uno de los grupos criminales que operan en la región, presuntamente integrantes de la célula de Los Chapitos.

Entre los indicios encontrados en el lugar destacan varias armas de fuego y equipo táctico, incluyendo 99 cartuchos calibre .223 almacenados en una cinta metálica; dos cargadores metálicos con capacidad para 30 cartuchos cada uno, calibre 7.62×39, sumando un total de 60 cartuchos; y 39 cartuchos adicionales calibre .223 almacenados en una segunda cinta metálica.

Además de los cartuchos y cargadores, se hallaron otros objetos de interés, entre ellos: un vehículo blanco sin marca ni placas de circulación, con capas de blindaje artesanal adheridas, aparentemente un proyecto inconcluso; un remolque negro marca BIGTEX; un uniforme táctico; una camisola camuflajeada; y una pechera con cuatro portacargadores en patrón pixelado, similar al utilizado por fuerzas de seguridad o grupos armados.

El cateo, realizado en la calle Popocatépetl, entre Oaxaca y Chichonal, en una zona residencial del municipio de Salvador Alvarado, tuvo como objetivo apoyar las investigaciones judiciales relacionadas con actividades delictivas en la región.

Esta intervención forma parte de una serie de operativos de seguridad dirigidos a desmantelar redes de tráfico de armas y otros delitos en la zona.

Aunque las autoridades no informaron sobre posibles detenciones relacionadas con este cateo, se espera que las investigaciones continúen para determinar la procedencia de los objetos asegurados y su posible relación con actividades del crimen organizado.

El inmueble y los objetos confiscados quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales para su análisis y las diligencias correspondientes.

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