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POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
Juan y Enrique son jóvenes de 15 y 16 años de edad, que viven por la colonia la Concordia de esta ciudad de Chihuahua, por el rumbo del Lombardo Toledano el pasado miércoles salieron caminando alrededor de las 9 de la mañana, a visitar a unos familiares que radican por Punta Oriente, donde para llegar, se tiene que pasar por varios fraccionamientos, además de enormes espacios con apenas algo de construcción.
En uno de estos solares, los alcanzó una camioneta de seguridad pública del municipio de Aquiles Serdán, bajando 4 policías armados, ordenándose se detuvieran, Juan Obedeció, pero Enrique salió corriendo, siendo alcanzado por los agentes del orden, detrás de unas tapias donde se había escondido.
Una vez arriba y esposados, se les preguntó dónde estaba la droga, que sabían que eran traficantes y que les dijeran todo sobre el tema.
A pesar de que les dijeron que eran menores de edad, fueron llevados a la comandancia, donde los metieron a una de las cuevas, literalmente cuevas que son habilitadas como celdas, donde nuevamente los interrogaron y les negaron poder comunicarse telefónicamente con sus familiares.
Los padres, por la tarde, al no saber de sus hijos, comenzaron a preguntar por ellos y la mamá de Juan, llamó a la comandancia para preguntar si estaban detenidos, contestándoles que sí, que los habían detenido intoxicados y que les llevaran ropa y comida.
llegaron con lo pedido para los menores, preguntándoles el motivo de su detención, contestando que por traficantes, y que aunque no les habían encontrado drogas, si los habían detenido intoxicados
A pesar de los ruegos de los menores y sus familiares, no los dejaron salir, hasta que personal del DIF se los entregara, pero como ya era tarde, tenían que esperarse hasta al día siguiente.
Esa misma noche, los padres fueron al juzgado de distrito donde presentaron un amparo y alrededor de las 5 de la mañana, personal del juzgado federal se presentó en las oficinas de la comandancia para verificar el estado de salud de los menores, encontrándose que tanto Juan y Enrique traían 4 garrapatas cada uno, además de chinches y los rostros amoratados por las picaduras de moyotes y otros bichos.
No fue hasta cerca de las 2 de la tarde, es decir más de 24 horas después, cuando Araceli Guadalupe Rodríguez Olivas, funcionaria del departamento de trabajo social de Aquiles Serdán, finalmente ordenó su liberación, no sin antes reclamar a los padres por haberse quejado ante la justicia federal, haciéndolos responsables por lo que le pudiera traer como consecuencia en su trabajo.
Ese mismo día, los menores fueron llevados a un laboratorio particular para que les practicara un examen toxicológico, resultando negativo.
Hoy, cuando aquí en Chihuahua se habla de que existe un gran interés por parte de las autoridades para mejorar la seguridad pública, capacitar mejor a sus integrantes y humanizar las prácticas y protocolos de prevención y seguridad, nos damos cuenta que la realidad dice otra cosa y que las Instituciones como el DIF, que conocen la normatividad sobre el interés superior de los menores y que saben que no se puede retener unos adolescentes sin cargo alguno, se molestan porque se acude a instancias federales para reclamar los derechos de ellos.
Quedan pendientes las quejas ante la CEDH, denuncias ante la fiscalía y el proceso ante la justicia federal.
Ojalá Jonathan que lo que les pasó a Juan y Enrique, puedan servir de ejemplo para que quien sufra de estas acciones ilegales por parte de las autoridades policiacas, sepan que siempre pueden acudir a las instancias superiores a reclamar justicia.
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