El gobierno de Claudia Sheinbaum aprobó un aumento de aranceles a autos importados desde países de Asia, entre ellos China, India y Corea del Sur. Se habla de cuotas que podrían llegar al 50 %, dependiendo del producto.
Sheinbaum aclaró que esta medida no es coercitiva ni dirigida contra ningún país en particular, sino una forma de corregir desequilibrios comerciales y fortalecer la industria nacional bajo su plan económico llamado “Plan México”.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que los aranceles buscan proteger productores locales de competencia desleal, especialmente cuando se importa sin acuerdos comerciales que regulen impuestos o regulaciones ambientales.
China respondió. El ministerio chino calificó la medida como injusta, alegando que daña la confianza de inversionistas y empresarios. Sin embargo, México ha ofrecido canales de diálogo para explicar motivaciones y condiciones.
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Se prevé que otros países afectados expresen inquietudes similares, especialmente aquellos exportan autos o autopartes. México afirma respetar normas internacionales y tratados de la OMC, diciendo que la medida se ajusta a leyes comerciales.
Sheinbaum sostuvo que la medida también se aplica a bienes como autopartes, ropa, vidrio, cosméticos, entre otros, no solo autos. Se busca que la producción nacional tenga ventaja o al menos condiciones más equilibradas.
En paralelo, el gobierno enfatiza que esta estrategia coincide con promover mayor autosuficiencia, generar empleos en manufactura, reducir importaciones costosas y evitar que la balanza comercial se convierta en déficit grande.
La disputa diplomática gira en torno a cómo comunicar, compensar y asegurar que los productores locales tengan apoyo, sin generar represalias comerciales o arancelarias desde los países afectados.
Analistas opinan que esta política podría generar un cambio importante si logra incentivar a la industria automotriz y al sector manufacturero para invertir más en México, mejorar calidad, eficiencia y valor agregado.
Pero también advierten riesgos: aumento en precios al consumidor, posibles represalias de comercio, retrasos en importaciones necesarias, e impacto en relaciones diplomáticas si no se maneja con transparencia.
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