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La Comisión de Vivienda, presidida por la diputada Lilia Aguilar Gil, aprobó en su Séptima Reunión Ordinaria, que se atienda de forma preferente a personas en situación de desplazamiento forzado interno con políticas y programas dirigidas al estímulo y apoyo de la producción social de vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas.

“Aunque el Estado mexicano ya implementa políticas públicas que promuevan el acceso al derecho de la vivienda a personas o grupos vulnerables, es necesario establecer de manera expresa el fenómeno de desplazamiento forzado interno de personas, familias o grupos, con la convicción de que debe combatirse desde la prevención”, explicó la diputada federal.

El pleno de la Comisión señaló que el fenómeno de personas en condición de desplazamiento forzado se debiera considerar inmerso en la atención a grupos vulnerables, sin embargo, es necesario visibilizarlo.

Y es que, el documento “TENDENCIAS GLOBALES DESPLAZAMIENTO FORZADO EN 2019”, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señala que en el mundo existían 79.5 personas desplazadas, de las cuales 45.7 son desplazados internos; se calcula que en 2021 fueron 82.4 millones de desplazados con casi 51 millones en su propio país; en dicho documento se estima que el 40%, esto es, 30 a 34 millones de los 79.8, son niñas y niños menores de 18 años.