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CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.- La casa de huéspedes Socorrito, ubicada en la calle 12 y Juárez, fue cateada este fin de semana luego de que Ximena S., de 21 años, declarara que fue secuestrada y, durante alrededor de 6 meses, ahí la sometieron a explotación sexual, la golpearon y le inyectaron diferentes drogas. Y advirtió que ella no fue la única víctima. No obstante, las autoridades aseguraron que la operación terminó «sin novedades».
A Ximena, según declarara su madre Concepción S., la raptaron desde junio de 2022, cuando salió de su casa para realizar unas compras y después desapareció. En octubre del mismo año sus captores exigieron un pago de 10 mil pesos para el rescate. Sin embargo, pese a recibirlo, no fue hasta el 13 de enero que la liberaron y pudo reencontrarse con sus familiares, a quienes les relató lo vivido y confesó la existencia de una red de trata de blancas en el Centro de Chihuahua capital.
Concepción mencionó que observó a su hija en condiciones inhumanas: presentaba signos de violación, maltrato, presentaba fracturas en las costillas y en la cadera, resultó con daños hepáticos y pulmonares, adelgazó demasiado y contrajo enfermedades de transmisión sexual. Además, dijo que, al parecer, sus victimarios le inyectaban, con frecuencia, metanfetaminas y heroína, sustancias que, aunadas a la debilidad que le provoca la diabetes, agravaron su estado de salud, al grado de dejarla inconsciente durante varios días.
Al escuchar lo referido por Ximena, le alertó a la Fiscalía Especializada de la Mujer y la Familia (FEM) sobre la posible existencia de más jóvenes abusadas sexualmente, tras lo cual la dependencia irrumpió en Socorrito y un edificio contiguo. No obstante, la titular de la FEM, Wendy Chávez, quien había fijado su compromiso en las indagatorias, declaró que no se encontró indicio alguno de la agrupación señalada, hecho confirmado por fuentes internas de la Fiscalía.
Ante ello, la ciudadanía mostró su indignación. El consenso general apuntó a que las corporaciones de seguridad desplegaran y mantuvieran un operativo de vigilancia. Asimismo, Concepción denunció que, cuando no encontraba a su hija, una funcionaria de la Fiscalía General del Estado (FGE) le llegó a pedir 100 mil pesos para seguir las indagatorias, hecho ante el que no se ha pronunciado la autoridad.
Al respecto, el alcalde capitalino Marco Bonilla Mendoza remarcó que el reciente cateo, al que acudieron, para supervisar, funcionarios municipales, concluyó «sin novedades». Y la gobernadora María Eugenia Campos Galván también corroboró los resultados y subrayó que, a pesar de ello, se procurará que el caso no quede impune y que no se vuelva a repetir.
