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● Frente a la intención de entregar viviendas a ocupantes irregulares a precios subsidiados, exigimos que se priorice la legalidad y se resguarden los recursos de los derechohabientes.

● El INFONAVIT no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad.

● Promover un programa que legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley implicaría normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda.

El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen. De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843,000 —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios. Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente.

Es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas. La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.

La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito. Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.

México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia. En el sector empresarial, seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley.

Firmantes:

Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB)

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX)

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (COMCE)

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)