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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pagarán caro el atrevimiento de oponerse sin medida, inconstitucionalmente, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Han creído que los once ministros que lo integran no son el Poder Judicial sino, como en los inicios de la república, el Supremo Poder (Conservador). Sin embargo, si ellos integran el instrumento del control constituyente (cuidar que todos los mexicanos guarden supremo respeto a la Constitución), el Poder Legislativo es el instrumento de control presupuestal y los ministros, en su actitud en contra de los poderes ejecutivo y legislativo, no imaginaron que, al final del día, los más “perjudicados” serían ellos, porque les van a pegar por donde más duele: el dinero que los diputados les autorizan para su año fiscal, y que lo que no gastan los ministros nunca lo regresan a Hacienda porque tienen un fideicomiso que les financia todos sus caprichos, hasta los de la cocina y cocinera de su domicilio particular.
Estos señores de toga y birrete, que integran el llamado Poder Judicial, tienen excesos que pueden ir de los 15 mil millones a los 25 mil millones de pesos, parte del fideicomiso, donde depositan el dinero que les sobra en cada ejercicio presupuestal, dinero que tienen la obligación de regresar a la cuenta de la Tesorería de la Federación, Secretaría de Hacienda, pero que alguien de muy alto nivel histórico les permitió que lo guardaran ellos y para ellos, de acuerdo con el líder de la bancada de Morena, el diputado Ignacio Mier Velazco.
Paradójicamente y de manera irónica, después de la reforma judicial de 1994, creció el aparato judicial. De igual manera, después de la reforma del 94 y el perfeccionamiento que intentaron darle al poder judicial en el 99, creció el número de juzgados de distrito en el país. En los más de 600 juzgados empezaron a escucharse quejas, según las cuales no había suficiente papelería, o que no tenían computadores, o que carecían de suficiente personal, gastos que cargan al fideicomiso susodicho.
Es decir: Esas economías presupuestales se van al fideicomiso, pero se emplean para pagar lujos, privilegios e, inclusive, excesos que tienen los ministros, para garantizar sus pensiones vitalicias con el 100% de su sueldo, para garantizar mantenimiento a sus domicilios particulares, para mantener escoltas de por vida, entre otros muchos privilegios.
Los ministros gozan de gastos excesivos que, en opinión del líder morenista, tienen que financiarse con el fideicomiso, pero tales gastos tienen que reorientarse. Y la Cámara de Diputados, respetando la autonomía de cada poder, tiene la facultad exclusiva de hacerlo, como instrumento de control presupuestal. Ese control presupuestal le compete exclusivamente a la Cámara de diputados. Por ello mismo, cuando se discuta el presupuesto para 2024, los diputados tendrán que poner la lupa sobre entre 15 mil millones y 25,000 millones de pesos del presupuesto del poder judicial, porque ya lo disponen en el fideicomiso que los ministros rellenan con lo que no gastaron en el año y que debían de regresar a la Secretaría de Hacienda.
Esta cantidad de dinero, parte del presupuesto de gasto anual, deberá regresarse a la Tesorería de la Federación, porque el presupuesto es el único instrumento redistributivo que tiene el Estado mexicano y se integra con el pago obligatorio de contribuciones fiscales y lo no gastado del presupuesto de las entidades públicas.
Ante esta realidad, el diputado Mier Velazco advierte que los ministros deberían reflexionar. Y que en conjunto, Suprema Corte, Judicatura y Tribunal Federal Electoral hagan una reflexión e interioricen, y que sean empáticos con México. A los mexicanos no les gustan esos excesos por más de 15,000 millones de pesos, que no repercuten en el derecho a tener justicia pronta y expedita.
