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La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la presentación de un proyecto de ley de amnistía general que busca otorgar perdón amplio a personas involucradas en hechos políticos y sociales ocurridos en el país durante los últimos años. La iniciativa, según sus declaraciones, pretende cerrar ciclos de confrontación y facilitar la reconciliación nacional mediante la liberación de quienes se encuentren privados de libertad por motivos considerados políticos.
Rodríguez detalló que la propuesta de amnistía abarcaría una amplia gama de delitos vinculados a la actividad política, con el objetivo de promover la convivencia pacífica y fortalecer el proceso de estabilidad institucional en la nación sudamericana. La funcionaria enfatizó que esta medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para avanzar hacia la unidad y el diálogo entre sectores opositores y oficialistas.
En el mismo contexto, la alta funcionaria planteó una transformación radical del Helicoide, el emblemático edificio de Caracas que durante décadas ha funcionado como centro de detención y que es conocido por su uso en interrogatorios y reclusión de opositores. Rodríguez propuso reconvertirlo en la nueva sede del servicio de inteligencia nacional, con el fin de darle un uso institucional moderno y alejado de su pasado represivo.
La iniciativa ha generado reacciones inmediatas en diversos sectores: mientras algunos la interpretan como un gesto de apertura y desescalada de tensiones, otros cuestionan su alcance real y temen que pueda beneficiar selectivamente a ciertos grupos sin garantizar justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El anuncio llega en un momento clave para la política venezolana, donde las negociaciones y los gestos de distensión son observados con atención internacional.
Con esta doble propuesta —la amnistía general y la reconversión del Helicoide—, el gobierno de Nicolás Maduro busca proyectar una imagen de cambio estructural y reconciliación, aunque su implementación dependerá del trámite legislativo y de la respuesta de la oposición y la comunidad internacional.







