Ciudad de México, 10 de julio de 2024.- La aprobación de la reforma judicial enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiende a la implementación de un absolutismo presidencial, advierten especialistas jurídicos, mientras exmandatarios de Iberoamérica alertan sobre los riesgo para México de su implementación pues se presta para el servicio de objetivos ideológicos, la aplicación de un derecho penal enemigo y el aseguramiento de la reelección indefinida de los gobernantes; razonan se trata de una reforma que implica “el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial”.
Ante este panorama, acorralada, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, llamó al mandatario y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a un diálogo para amortizar el impacto negativo de esa iniciativa legislativa. La respuesta fue un rotundo no de ambos, al señalar el diálogo debe ser con el Poder Legislativo, la Secretaría de Gobernación y está en marcha con el Parlamento Abierto. La reforma va, tal vez con ajustes mínimos, pero lo esencial, llevar a jueces y ministros a la responsabilidad seleccionados a través del voto, no tiene cambio, va que va.
“En el fondo todos tenemos la misma preocupación y la misma finalidad, que es mejorar el sistema de justicia en nuestro país”, insiste la presidente de la Corte. Y lo expresado tanto por el tabasqueño como por su incondicional Arturo Zaldívar, señalando la conveniencia de llevar a convertirse en jueces a quienes apenas han obtenido su título profesional, causa aún mayores temores e inconformidades, además de recordar la simplezas: “es muy fácil gobernar, yo sólo necesito una secretaria” o “extraer petróleo es simple, se hace un hoyo y se mete un popote”. Todo lo referido es muy serio y se ha tomado con gran simpleza.
López Obrador respondió el martes desde el templete mañanero estar de acuerdo en hacer un diálogo con ministros de la Corte, pero precisó debería llevarse a cabo con la Secretaría de Gobernación y con legisladores, no directamente con él o con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbuam Pardo. Añadió ya hay un diálogo con los encargados de estos asuntos: “es labor, es función del Poder Legislativo”. Además, propuso sumar al diálogo a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. También celebró reconozcan los integrantes del Congreso “hace falta la reforma”. Sheinbaum, tras su reunión con los integrantes de la Conferencia Monetaria Internacional (IMC) en el Hotel Presidente Intercontinental, puntualizó “Ya está el diálogo. Para eso hay Parlamento Abierto, ya participaron los ministros de la Corte. La iniciativa fue enviada al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados, a propuesta, decidió abrir este Parlamento Abierto, y ahí es donde se está abriendo el diálogo con ministros de la Suprema Corte, con legisladores”.
Sin embargo, los hombres del dinero alertaron de la incertidumbre generada por la reforma al Poder Judicial. José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la posibilidad de permitir la elección de jueces está provocando incertidumbre en los inversionistas internacionales, pues incluso algunas firmas trasnacionales han externado que, de aprobarse los cambios, buscarán salir del país. Indicó esa falsa de certeza, se refleja en las cifras de creación de empleo de junio divulgadas por el IMSS, las cuales muestran una baja en la creación de plazas en el mes de referencia. Acotó existen proyectos cancelados en el sector automotriz, turístico, además del inmobiliario. El otro lado sonríe, ofrece garantía de palabra pero, aún y cuando ésta pueda valer mucho no estaría reforzada en la ley, salvo se siga con la práctica “no me vengan conque la ley es la ley”.
Durante una entrevista radiofónica, Norma Piña reconoció debe llegarse a una reforma que realmente resuelva los problemas de las víctimas. Sobre la propuesta en la cual se pretende la legitimación de las y los jueces y magistrados, consideró: esta cualidad no se mide en función del voto popular, sino con sus sentencias. Y explicó: “…esa legitimidad no está fundada en función de un voto popular, no es función de los jueces ser representantes de los ciudadanos, la legitimidad de los jueces es un tema muy viejo, en la filosofía del Derecho, la legitimidad de los jueces se mide por sus sentencias”, las cuales son acorde a la Constitución, a las leyes secundarias y tienen una argumentación que conduzca a una decisión de lo que debe ser correcto, eso hace que los jueces adquiera legitimidad. “Si un equipo elige al árbitro, la percepción que se tiene de que ese árbitro va ser imparcial, queda muy cuestionada”.
ABSOLUTISMO PRESIDENCIAL
Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte: “no se han medido los efectos que puede tener, particularmente, para el próximo gobierno y pueden ser devastadores”. Una de las características de un Estado, precisa, es tener diferenciados sus órganos de poder, sus instituciones y establecer un sistema de control. La iniciativa dispone que haya tres listas para integrar los nombramientos de ministros de la Corte, de jueces federales y de magistrados federales. Y en los estados se producirá lo mismo. “Los gobernadores elaborarán su lista, los congresos locales elaborarán su lista y la Judicatura elaborará su lista. Y estas listas se llevarán a los electores. Los electores tendremos tres listas. Está la que propone el presidente y están las que proponen los demás. Cuando los electores voten masivamente por la lista del presidente, ¿a qué se estarán enfrentando?
A que sean jueces elegidos, ratificados plebiscitariamente, pero serán jueces del presidente. ¿En dónde quedará la separación de poderes? ¿En dónde quedará la autonomía del Poder Judicial? ¿En dónde queda el equilibrio del poder y sus órganos de control?”, y responde: “Ya no quedará en ninguna parte. Lo único que habremos hecho con eso es establecer un absolutismo presidencial, sin matices (…) Todos quedaremos sujetos a la justicia presidencial”. Y advierte: “con otros Estados del mundo se generará desconfianza… cuando se advierta que en México la jurisdicción ha dejado de ser independiente y que depende de la voluntad del presidente no sería remoto que la contraparte de nuestros tratados (Canadá y Estados Unidos) se rehúsen a admitir la jurisdicción del Estado Mexicano para dirimir la solución de conflictos comerciales que se presenten”. Lo mismo podría suceder con Europa, Asia y América del Sur, regiones con quien México mantiene tratados comerciales.
El lunes pasado, más de una veintena de exgobernantes de España y América Latina condenaron la reforma al Poder Judicial propuesta por Morena para elegir por voto popular a los jueces, entre otros cambios polémicos. Los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) consideran la reforma se presta para el servicio de objetivos ideológicos, la aplicación de un derecho penal enemigo y el aseguramiento de la reelección indefinida de los gobernantes; razonan se trata de una reforma que implica “el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial” y representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional.
“Nos preocupa profundamente las posibles consecuencias de esta reforma en cuanto a la debida garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la autonomía e independencia de los jueces y los equilibrios y contrapesos del ejercicio del poder; se debilita la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido del Tribunal Electoral. Busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión. Urge un diálogo constructivo entre todos los actores políticos y sociales de México, para que aborden cualquier necesidad de reforma judicial”.
Firmaron: José María Aznar y Mariano Rajoy, de España; Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox, de México; Mario Abdom, Juan Carlos Wasmosy y Federico Franco, de Paraguay; Óscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Calderón, de Costa Rica; Alfredo Cristiani , de El Salvador; Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Chile; Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenin Moreno, de Ecuador; Mauricio Macri, de Argentina; Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia; Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares, de Panamá; se trata de una reforma que sigue “los mismos experimentos bajo las dictaduras y autoritarismos electivos emergentes de América Latina”.
Para López Obrador este es otro de los pleitos con los cuales se muestra encantado aún y cuando se trate de México contra gran parte del mundo.
DE LOS PASILLOS
Contra los intentos de Alejandro Moreno de reelegirse en la dirigencia nacional del PRI con cambios hechos a los estatutos de ese instituto político, ex dirigentes como Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Codwell y Enrique Ochoa Reza; el excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa; el exsecretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y la exsenadora Beatriz Paredes Rangel, entre otros, impugnarán la reforma estatutaria en la cual se permite la reelección de “Alito” como dirigente nacional de esa organización, incluso hasta el año 2032.
Junto con un equipo de abogados, ya preparan de forma conjunta la impugnación de la reforma al artículo 178 de los estatutos del PRI, una modificación legal con la cual se permite a la dirigencia nacional reelegirse hasta por tres periodos consecutivos de cuatro años. Sauri Riancho señaló: “no podemos permitirle que se robe al partido, porque lo lleva directo al matadero, al riesgo de perder el registro en 2030, porque a Moreno Cárdenas sólo le interesa el dinero, los 500 millones de pesos que el PRI recibirá como prerrogativas este año, por los 5.7 millones de votos obtenidos”.
Los exlíderes nacionales estimaron que será entre la noche del miércoles 10 de julio y la mañana del jueves 11 de junio cuando presenten su impugnación. Moreno respondió a quienes lo han criticado, “difamado y calumniado”, que serán sometidos a un proceso de expulsión… Y como si nada se presentó a una conferencia de prensa la mañana del martes y de nueva cuenta habló de los culpables del asesinto de Luis Donaldo Colosio y no conforme recordó el Pemexgate, pero de ninguna manera señaló el silencio del gobierno actual en ambos casos y mucho menos hace referencia a las reuniones en su “cateada” casa en Campeche con relevantes morenistas, entre ellos el entonces aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Menos mal, gran tranquilidad, confianza, simpatía, una serie de sensaciones y sentimientos despertó la aseveración presidencial sobre las tarea anteriores llevadas a cabo por quien ocupará la titularidad en la Secretaría de Gobernación: “no era nana de mis hijos”. Perverso y crueles son quienes piensan: “la mujer del César no s¡solo debe ser honesta, sino parecerlo”… También tranquiliza se reconozca el fracaso del INSABI… lo no aceptable es se siga sacrificando a quienes denuncian como sucedió con el crimen el lunes anterior de Minerva Pérez Castro, presidente de la CONAPESCA, dueña de la empresa Atenea del Mar de Baja California, lo cual sigue demostrado la impunidad y la fuerza del crimen.