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CHIHUAHUA.- En 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acreditó que aproximadamente diez exfuncionarios, cuyos nombres permanecen reservados, fueron víctimas de tortura «o algún otro trato cruel, inhumano o degradante» durante pasadas administraciones.

Tan solo el año pasado, la CEDH, según dio a conocer su titular, Néstor Armendáriz Loya, recibió treinta y dos quejas acerca de presunta tortura. Y —dijo— de esas sólo poco más de diez fueron procedentes, pues en el resto de los casos no se contó con evidencias para comprobar el delito.

Mientras la resolución de algunas denuncias sigue pendiente, advirtió que, en la mayoría de situaciones, resulta complicado llevar a cabo las investigaciones correspondientes, pues la defensoría de algunas personas que enfrentan una causa penal suelen recurrir a dicho recurso para frenar o entorpecer el proceso.

Sin precisar fechas de los actos constitutivos de tortura, Armendáriz Loya mencionó que no ocurrieron en 2022, sino en 2021 y años anteriores —las más antiguas (señaló) provendrían de 2015—.

En todo caso, remarcó que se trata de hechos complicados de resolver, puesto que «la tortura es imprescriptible y, como violación a derechos humanos, tampoco corre un proceso, un lapso para presentar la queja».