La falta de agua en el municipio de Bocoyna es resultado de años de abandono y de conexiones irregulares en el acueducto de la presa Situriachi, informó la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).
El director de Operación Regional, Victoriano Pérez, detalló que el sistema que abastecía a Bocoyna, Creel y San Juanito colapsó en 2018 tras detectarse tomas no autorizadas que desviaban el vital líquido hacia Bocoyna, mientras que Creel sí cumplía con sus pagos, lo que provocó que se suspendiera la operación del servicio.
Por su parte, el titular de la JCAS, Mario Mata, aclaró que la dependencia estatal no está a cargo de operar el servicio en Bocoyna, ya que esa responsabilidad corresponde al municipio; sin embargo, colaboran con la perforación de un nuevo pozo y la edificación de una pila de 100 mil litros, obras que calificó únicamente como paliativos.
Mata subrayó que una solución definitiva requiere una inversión de 600 millones de pesos para rehabilitar la potabilizadora, el cárcamo y el acueducto, proyecto que fue una promesa presidencial de Andrés Manuel López Obrador que nunca se cumplió, por lo que urgió a los legisladores federales a gestionar los recursos.
El funcionario también señaló que la comunidad no paga por el servicio de agua, lo que ha dificultado llegar a acuerdos sobre una tarifa justa, y que el abasto actual se realiza mediante pipas. En cuanto a las responsabilidades por el «aguachicol», indicó que las tomas clandestinas dejaron de operar hace años y que no existen denuncias recientes, aunque reconoció que en su momento no se le dio el debido seguimiento al problema.