Lucía Jazmín Torres Castillo, funcionaria de 23 años del Gobierno de Oaxaca, se encuentra en el centro de la controversia luego de que la diputada federal Aracely Cruz Jiménez, del Partido del Trabajo (PT), la denunciara públicamente por presuntas amenazas e intimidaciones, además de señalar que habría presumido supuestas relaciones de su entorno familiar con integrantes del crimen organizado. La legisladora solicitó la intervención de autoridades federales para obtener protección para ella, sus colaboradores y su familia.
Torres Castillo se desempeña como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca, área dependiente de la Secretaría de Gobierno estatal, encabezada por Jesús Romero López. Es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle; obtuvo su título en noviembre de 2025 y recibió su cédula profesional en mayo de 2026. Su nombramiento, realizado el 5 de noviembre, también generó cuestionamientos por su corta trayectoria profesional y la falta de experiencia documentada en la administración pública.
De acuerdo con la versión de Cruz Jiménez, los conflictos comenzaron durante reuniones realizadas entre julio y noviembre, relacionadas con la acreditación de autoridades electas de San Juan Mazatlán, quienes cuentan con una resolución favorable de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La diputada aseguró que, durante esos encuentros, Torres Castillo hizo referencias a supuestas reuniones de familiares suyos con líderes criminales de la región, incluso mencionando la existencia de fotografías que demostrarían esos encuentros.
La legisladora también relacionó sus preocupaciones con el caso de la activista mixe Sandra Domínguez, desaparecida en 2024 junto con su esposo. Según el testimonio de Cruz Jiménez, durante las conversaciones surgieron señalamientos sobre el padre de la funcionaria y una presunta amenaza contra la activista. La diputada afirmó que cuenta con grabaciones de audio y otros elementos que entregará al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para respaldar su denuncia y solicitar medidas de resguardo mediante la Guardia Nacional.
Otro aspecto que generó controversia es la remuneración asignada al puesto, reportada en aproximadamente 43 mil pesos mensuales, así como los criterios utilizados para su designación. Cruz Jiménez manifestó temor por su seguridad y la de su entorno cercano, al considerar que las expresiones atribuidas a la funcionaria representan una situación de riesgo. Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la denuncia pública de la legisladora y no constituyen una determinación judicial; la Secretaría de Gobierno de Oaxaca tampoco había emitido una postura oficial sobre las acusaciones.