La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó fuertes críticas contra los antiguos esquemas de financiamiento del Infonavit y Fovissste, al señalar que durante administraciones anteriores miles de trabajadores fueron afectados por créditos hipotecarios cuyos saldos aumentaban a pesar de cumplir puntualmente con sus pagos. Durante un evento de entrega de viviendas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria calificó aquellas prácticas como “pura usura, pura tranza, pura robadera” y sostuvo que los organismos de vivienda habían terminado favoreciendo a constructoras privadas en lugar de garantizar el acceso a hogares dignos.
Para ejemplificar la situación, Sheinbaum presentó el caso de Francisco Toledo Castellanos, quien solicitó un crédito de 79 mil pesos, pagó 231 mil pesos a lo largo de los años y todavía enfrentaba un adeudo de 173 mil pesos. También expuso el caso de Patricia Cervantes Pastrana, quien obtuvo un financiamiento de 104 mil pesos, realizó pagos por 338 mil pesos y terminó con una deuda de un millón 132 mil pesos. La Presidenta cuestionó cómo era posible que una persona pagara varias veces el monto original de su préstamo y todavía enfrentara una deuda mucho mayor.
La mandataria aseguró que su administración ha reestructurado más de cinco millones de créditos del Infonavit y Fovissste, mediante reducciones de saldos, ajustes en las tasas de interés, mensualidades fijas y liquidaciones totales. De acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno federal, de los 4 millones 856 mil créditos considerados impagables que recibió el Infonavit, 536 mil fueron liquidados y otros 4 millones 320 mil recibieron modificaciones en sus condiciones de pago.
Sheinbaum rechazó las críticas sobre un posible desfalco a las instituciones por estas medidas y aseguró que actualmente cuentan con mayores recursos para cumplir sus funciones. También defendió el programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, principalmente para familias de menores ingresos que históricamente han tenido dificultades para adquirir una propiedad.
La Presidenta sostuvo que el objetivo es recuperar la función social de los organismos de vivienda y evitar que los trabajadores terminen pagando durante décadas por casas que no pueden liquidar. Además de la construcción de nuevos hogares, su administración contempla la reestructuración de financiamientos y la entrega de escrituras, con una meta de beneficiar a aproximadamente 12 millones de familias mediante las distintas acciones del programa nacional de vivienda.