Autoridades estatales y representantes de organismos internacionales sostuvieron este viernes una mesa de análisis sobre el desplazamiento forzado en Chihuahua, en la que se planteó la urgencia de crear una ley estatal y diseñar una política pública integral que garantice la asignación de recursos permanentes para atender a las familias afectadas.
Durante la reunión, los ponentes solicitaron una respuesta coordinada con el Gobierno Federal y el uso constante de las mesas de seguridad para pacificar las regiones golpeadas por la violencia.
Por su parte, las autoridades estatales admitieron que al inicio de la actual administración el concepto de desplazamiento forzado ni siquiera estaba contemplado en el marco jurídico local.
No obstante, destacaron avances como la creación de un protocolo de atención y la caracterización del fenómeno en conjunto con el ACNUR. Aunque reconocieron que no existe un presupuesto etiquetado para este rubro, señalaron que desde 2023 las personas desplazadas son consideradas población vulnerable y reciben atención prioritaria, al tiempo que reiteraron el llamado a la Federación para instalar una mesa de coordinación enfocada en atender las causas estructurales del problema.